Un 14% de los hogares leoneses padece problemas debido al exceso de ruido

Desde que la contaminación acústica entró dentro del programa de reivindicaciones medioambientales, la Justicia no ha parado de examinar consecuencias e intentar equilibrar los derechos de los propietarios de establecimientos y los vecinos que viven bajo su radio de influencia. Para poder avanzar un paso más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó ayer sentencia condenatoria a favor de Pilar Moreno, una valenciana que deberá ser indemnizada por el Gobierno español con 8.000 euros, después de que se aceptase su denuncia por daños morales. La jurisprudencia de este caso servirá para evaluar en el futuro las denuncias que se encuentran apilados sobre la mesa de los tribunales españoles. Ninguna procedente de León, pese a que la estadística del INE -con base en el censo de población y viviendas del año 2001- establece que un 14,07% de los hogares leoneses sufren problemas de ruido. Ordenanza municipal La creación de la mesa del ruido y de una ordenanza municipal que legisle su problemática ha sido la contribución del consistorio leonés al intento de paliar los efectos del exceso de ruido. Los niveles han disminuido considerablemente desde el inicio de la experiencia, que acumula decenas de expedientes incoados actualmente y algunos cierre indefinidos hasta que el establecimiento presente las medidas adecuadas. La concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Humildad Rodríguez, continúa con el trabajo para pulir las estrías de la ordenanza, en exigencias de construcción de nuevas viviendas y con la creación de una centralita de aviso de los limitadores de los locales que superen los decibelios estipulados. Las asociaciones de consumidores leoneses UCE y UNAE saludaron ayer la sentencia como «un primer paso para el establecimiento de medidas que impidan la contaminación acústica», aunque reseñaron que «es triste que se haya tenido que llegar a Estrasburgo para resolver el tema».