La Junta se niega a compartir la gestión de la vertiente leonesa de Picos de Europa

Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Esa viene a ser en resumen la conclusión de las declaraciones efectuadas ayer a este periódico por el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que pone en manos de las comunidades autónomas la gestión de los parques nacionales, entre ellos el de Picos de Europa. «De un primer análisis del texto se deduce que la sentencia no va por el camino de la uniformidad», dijo al avalar la postura que ha mantenido el Ejecutivo autonómico en los sucesivos gobiernos del PP para gestionar en solitario la vertiente leonesa del parque nacional, que ahora comparte conjuntamente con Asturias y Cantabria en todo el territorio protegido. Carriedo acepta mantener una reunión con los responsables de ambas comunidades para coordinar asuntos como «la promoción, la imagen de marca, etcétera», pero en ningún caso introducirá como asuntos negociables los usos y aprovechamientos del espacio, que se atribuye al completo tras conocer la sentencia del Constitucional. «Queremos un tratamiento diferenciado de lo que ya es distinto», afirmó. El consejero, al margen del encuentro entre autonomías -Asturias y Cantabria lo han convocado para el próximo miércoles, aunque Carriedo no asistirá por compromisos de agenda-, esperará a incorporar su postura durante la comisión mixta de transferencias que se tiene que crear para trasvasar los poderes desde el Ministerio de Medio Ambiente. El Parque Nacional de Picos de Europa será el territorio más complicado para aplicar la sentencia del Constitucional, debido a las enormes divergencias que separan tanto a los gobiernos autonómicos como a los municipios de cada vertiente.