España logra apoyo de nueve países para frenar la reforma del azúcar

José Valín, consejero de Agricultura de Castilla y León, inauguró ayer en Bruselas la asistencia de representantes autonómicos a las reuniones del Consejo de ministros de la UE, en línea con los compromisos asumidos por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Valín acompañó a la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, durante un debate de orientación sobre la reforma de la OCM (Organización Común de Mercado) del azúcar, en la que esa autonomía se encuentra particularmente implicada. La composición de las delegaciones nacionales en la sala del Consejo es de cuatro personas, dos sentadas a la mesa y dos detrás de ellas. Valín, que permanecía en el segundo plano, se sentó junto a la ministra cuando se discutió la reforma de la OCM, mientras que, en otros momentos, lo hizo el representante permanente. Según fuentes diplomáticas, el consejero autonómico no tomó la palabra, derecho que ejerce, por principio, el jefe de la delegación (el ministro), o su habilitado directo (el representante permanente). No obstante, y con carácter previo, el consejero y la ministra habían pactado los términos de la intervención que esta última realizó sobre la reforma del azúcar, en la que rechazó la propuesta de la Comisión, tal y como ha sido elaborada por los servicios del comisario Fischler, que ya ha abandonado su puesto. La postura española dista de estar aislada en el Consejo: la ministra espinosa acaba de suscribir con sus homólogos de nueve países (Eslovenia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Portugal y República Checa) una carta en la que reclaman de la nueva comisaria de Agricultura, Mariann Fischer-Boel, danesa, una nueva redacción para la propuesta, por los efectos «devastadores» que tendría en el sector, si fuera aplicada en los términos planteados por Fischler. En la calle, frente al Consejo, decenas de productores de azúcar se manifestaron contra la propuesta de la Comisión, y en defensa de su revisión. La carta reconoce la necesidad de introducir reformas en la OCM del azúcar, «pero no provocando desempleo a largo plazo en el sector», puntualiza. Como actuaciones concretas, los firmantes del escrito proponen un mecanismo de importaciones de azúcar procedente de terceros países que garantice niveles «predecibles» del producto en los mercados comunitarios, una reducción de precios menos drástica que la preconizada por Fischler y la abolición del sistema de transferencia de cuotas entre Estados. 3.500 familias de la provincia de León se verían afectadas por la reforma de la Organización Común del Mercado del Azúcar elaborada por la Comisión Europea y que de aplicarse en los términos planteados inicialmente, haría inviable el cultivo de la remolacha en la provincia y en la comunidad, con un coste social al que no podría hacer frente. En Castilla y León, de la remolacha no sólo viven los cultivadores, unos 15.000, sino que también hay que sumar los mil empleos directos que generan las industrias trasnformadoras y los 3.000 indirectos, más otros 5.000 entre investigadores, comerciales, casas de semillas, fitosanitarios o riego.