León encabeza los territorios de recepción de inmigrantes entre las provincias de la autonomía

León es la provincia de la comunidad autónoma que acoge a un mayor número de población inmigrante, seguida de Valladolid, Burgos y Salamanca, en este orden, según datos facilitados por la presidenta de Cruz Roja en Castilla y León, María José Pastor. En el marco del primer foro de Análisis de la inmigración en Castilla y León, Pastor señaló que en este momento se calcula que en la autonomía viven más de 33.000 inmigrantes, aunque matizó que «no es una estadística fiable, ya que muchos son ilegales y otros no acuden hasta nosotros, por lo que el recuento es estimativo». Aunque las procedencias son muy diversas, destaca el alto porcentaje de sudamericanos, así como de personas llegadas de los países del Este de Europa, frente a otras nacionalidades. Durante su intervención en el foro, la presidenta de Cruz Roja en la autonomía destacó que los inmigrantes «son necesarios», tanto desde el punto de vista social como en el económico, para responder a la demanda de empleos que no se cubren con los trabajadores españoles. En este sentido, subrayó los esfuerzos que está realizando su organización por dotar a estas personas «de las habilidades laborales básicas que se piden en el mercado de esta comunidad». Según Pastor, conseguir un empleo es uno de los principales retos de los inmigrantes y de los colectivos que trabajan con ellos, «dado que sin un puesto de trabajo, no hay una verdadera integración». La responsable de la organización humanitaria subrayó el papel de la mujer inmigrante, que en la mayor parte de las ocasiones «es la que sustenta a toda la familia y se encuentran con muchas dificultades, añadidas a las que tenían en su lugar de origen». Pastor recordó que en este momento un porcentaje elevado de estas mujeres que trabajan lo hacen en el servicio doméstico y la mayoría no tienen regularizada su situación ante la Seguridad Social. En el transcurso del foro, los responsables de Cruz Roja incidieron en la necesidad de una mayor coordinación entre las organizaciones humanitarias que trabajan con estos colectivos y las distintas administraciones implicadas.