Trabajo abre la vía para que cobren pensiones los enfermos de la colza

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha dado luz verde a una modificación legal que permitirá a los trabajadores afectados por el síndrome tóxico poder acceder a pensiones de jubilación o invalidez. La medida da respuesta a una reivindicación continua de los afectados por el síndrome tóxico que una vez cobradas sus indemnizaciones se quedaban sin ningún tipo de ayuda económica ya que una ley de 1983 les impedía cotizar. En León, la medida afecta a más de 300 enfermos que no cotizaron lo suficiente para poder cobrar una pensión. El Ministerio, en una orden especial, destaca que «serán considerados en situación asimilada a la de alta, a efectos de las pensiones de jubilación, y de incapacidad permanente o muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes, los trabajadores afectados por el síndrome del aceite tóxico que por tal causa cesaron en su día en el ejercicio de su actividad laboral o profesional, sin que hayan podido reanudar dicho ejercicio». La Orden precisa que la situación de asimilada al alta se entenderá con respecto al régimen de la Seguridad Social al que estuviese adscrito cada trabajador. Según cálculos de la Asociación del Síndrome Tóxico de León esta medida afecta a más de medio millar de afectados de la provincia que no han podido volver a trabajar debido a las secuelas del envenenamiento que sufrieron en los años ochenta. El Ministerio de Asuntos Sociales precisa, en la orden TAS/4003/2004 de 25 de noviembre que esta medida persigue «establecer una cobertura económica y social para aquellos afectados del síndrome tóxico que, tras recibir la correspondiente indemnización fijada judicialmente, se encuentran en una situación de especial necesidad». Apunta, asimismo, que se trata de los enfermos que tenían un puesto de trabajo cuando cayeron enfermos y debido al síndrome tóxico no han podido reanudar su actividad «lo que les dificulta o impide el acceso a las pensiones previstas dentro de la acción protectora» del sistema de pensiones. La Ley General de Seguridad Social habilita al Ministerio a establecer excepciones a la situación de baja en casos como el de excedencias forzosas o suspensión de la cotización por razones especiales. Esta es la vía por la que ha optado el departamento ministerial para dar respuesta a la situación de un porcentaje de los más de 20.000 afectados por el envenenamiento. Dejar de trabajar El pasado mes de octubre, la Asociación de Afectados por el Síndrome Tóxico de León se reunió en Madrid con el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, para solicitar ayuda legal y económica para estas personas que tras cobrar su indemnización quedan en situación precaria. En León, según distintas fuentes, alrededor de 300 de los más de mil quinientos afectados tuvieron que dejar de trabajar debido a la enfermedad o no llegaron nunca a hacerlo. La falta de tiempo cotizado a la Seguridad Social impidió que tuvieran suficientes años cotizados como para acceder a una pensión de jubilación o invalidez. En todo el territorio nacional se calcula en aproximadamente unas 2.200 personas las que podrían beneficiarse de esta nueva normativa. Los afectados por la colza han cobrado indemnizaciones que oscilan entre los 108.000 y los 541.000 euros debido a las secuelas de la enfermedad, una cantidad reducida en función de las ayudas percibidas previamente por el enfermo en forma de pensión desde el año en que enfermaron, unas ayudas que rondan los 72.000 euros en la mayoría de los casos. Todos los afectados de León han cobrado ya las indemnizaciones a que tenían derecho según la sentencia del macro juicio de la colza. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había aceptado estudiar soluciones legales para los enfermos sin pensión cuando en el año 2000 se reunió con una representación de los afectados encerrados en la sede del INSS en León. La enmienda presentada entonces por el PSOE en las Cortes se ha tornado ahora en una Orden.