García-Prieto asegura que si Lagun Air cierra tendrá que explicar su decisión

Aunque el presidente de la Diputación se mostró «esperanzado» en una solución para los problemas de Lagun Air, advirtió de que si finalmente esta compañía decide cerrar su actividad desde La Virgen del Camino el próximo día 31 «deberá explicar su decisión en términos jurídicos» y aludió, además, a que tendría que devolver la fianza del contrato de promoción que mantiene con el consorcio y que supone un 4% de los 8,5 millones de euros. No obstante, precisó que esta sociedad sigue negociando con distintos grupos empresariales para buscar socios que amplíen su capital y poder así ser viable. «La empresa tiene un problema de gestión y precisa socios financieros, pero existen conversaciones», dijo García-Prieto, quien subrayó que el día 31 de enero -fecha límite dada por Lagun Air para seguir operando desde León- «deberá determinar y explicar las circunstancias de por qué se quedan o se van». El responsable del Palacio de los Guzmanes recordó que «gracias» al consorcio y a la Diputación Aena ha remitido un escrito refrendando la ejecución de sus compromisos, como la ampliación de horario. «Es una apuesta política, pero entiendo también que la compañía tiene derecho a decidir su futuro que yo veo esperanzador». Incluso, afirmó que en los capítulos de pérdidas económicas de Lagun Air «en muchos casos fue por incumplimientos de horarios o imposibilidad para aterrizar y es lógico que barajen la posibilidad de irse». García Prieto defendió la viabilidad del aeropuerto de León «como una pieza clave para la reindustrialización de la provincia y debe y tiene que jugar este papel». Manifestó, además, que en toda esta crisis, «la Diputación ha dado la cara de forma permanente, frente a otros que cuando se alteran las circunstancias políticas varían su opinión cuestionando la viabilidad del aeropuerto, que tiene que ser una pieza angular en el desarrollo de León». Exigencias de controladores Por otra parte, los controladores aéreos militares han pedido al Ministerio de Defensa que adopte medidas preventivas especiales e inmediatas para evitar situaciones de riesgo y peligro en los ocho aeropuertos donde gestionan el tráfico de la circulación aérea, tanto militar como civil, entre ellos los de Castilla y León. Denuncian la ilegalidad de su situación respecto al tráfico civil que gestionan .