Cuatro años de lucha judicial con carga política añadida en el inicio

Junio de 2001. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial pone en marcha una investigación para investigar la posibilidad de que se produzca un posible delito de delito de prevaricación y tráfico de influencias. 1 de agosto de 2001. La comisión de Urbanismo reconoce que el matadero costó 250 millones de pesetas más de lo previsto. 28 de septiembre de 2001. El fiscal jefe denuncia que hay indicios de cobros de comisiones ilegales. 29 de septiembre de 2001. Jambrina se ratifica en su inocencia y mantiene que su gestión ha sido transparente. 23 de octubre de 2001. La juez solicita 32 certificaciones al Ayuntamiento para probar presuntos desfases. 9 de noviembre de 2001. Se inicia el turno de declaraciones. Jambrina interviene por espacio de seis horas y se declara inocente. 10 de noviembre de 2001. El director técnico de la obra niega las acusaciones en su comparecencia ante ante la juez. 13 de noviembre de 2001. El aparejador municipal rechaza las imputaciones y considera que hay una trama política. 27 de enero de 2004. Se notifica a la defensa del acusado que el caso queda archivado.