El nuevo Plan del Carbón plantea reducir plantillas sin prejubilaciones Los sindicatos no aceptarán despidos traumáticos

El borrador del nuevo Plan del Carbón, que sindicatos, empresarios y Gobierno comenzarán a negociar a final de mes, plantea la necesidad de seguir ayudando a unas empresas que no son viables, reconoce que las plantillas y la producción se han reducido más de lo previsto y prevé un sistema de compensaciones que no está reñido con nuevos mecanismos de ajuste del número de trabajadores. El documento Criterios generales para el Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el Periodo 2006-2012 , que el Ministerio de Industria ha presentado a los sindicatos, contempla «adaptar y mejorar el régimen de bajas incentivadas» para ajustar las unidades de producción, porque «las prejubilaciones según el modelo vigente no deberían aplicarse de manera generalizada». Un planteamiento que, de entrada, tendrá el rechazo frontal de las organizaciones sindicales. El borrador destaca que el Plan del Carbón que concluye este año, y que comenzó a aplicarse en 1998, ha registrado reducciones de producción superiores a las previstas, por las que las empresas han sido compensadas con un importe adicional de 24,5 millones de euros. En cuanto a las prejubilaciones, afectaron a 6.284 personas más de las previstas (con un cote a mayores de 1,227 millones). Industria también reconoce que no se ha cumplido el objetivo de recolocaciones previstas (poco más de 3.000, casi un millar menos de las pactadas). Desviaciones Para compensar estas desviaciones, el Gobierno propone un mecanismo que pase por la recolocación de «aproximadamente mil personas procedentes de las subcontratas», así como calcular la dotación presupuestaria del próximo plan en función de las bajas a mayores de las previstas. El borrador enviado por el ministerio explica: «El actual régimen de prejubilaciones ha dado lugar a un número de bajas muy superior a lo previsto en el plan, y ha planteado problemas de equilibrio en las plantillas a aquellas empresas que estaban correctamente dimensionadas». Y añade: «A la vista de las pirámides de edades aportadas por las empresas, la continuidad del régimen actual situaría a las plantillas del sector en niveles incompatibles con la actividad deseable, a menos que se recurra a contratar el déficit de personal, supuesto que resulta difícilmente aceptable». Ámbito territorial Además, el borrador para el nuevo Plan del Carbón, que regirá el funcionamiento del sector en los próximos siete años, indica que sería conveniente distribuir los municipios de las comarcas mineras en tres grupos «con el objeto de modular la intensidad de las ayudas». El primer grupo estaría compuesto por los «municipios muy afectados por la minería del carbón», aquellos en los que «existe o ha existido una explotación que ha sido objeto de reestructuración, bien mediante el cierre o de la reducción de su actividad, lo que provoca que se concentre en estos municipios la mayor parte de la pérdida de empleo minero». Otro grupo intermedio incluiría a aquellos municipios incluidos en el Rechar pero no en el apartado anterior; mientras que se establece una última categoría para aquellos municipios no incluidos en los anteriores «pero que resultan de alguna forma afectados por los ajustes laborales en el sector del carbón». En el apartado de ayudas se insiste en la necesidad de coordinar las actuaciones con las administraciones locales y autonómicas. Genérico y sin entrar en detalles, inconcreto y poco claro. Así califican desde CC.OO. el borrador enviado por el Gobierno en una primera lectura, de la que se sacan dos conclusiones fundamentales, según Alberto González, secretario provincial de la Federación Minerometalúrgica. La primera se refiere a un rechazo a la merma de fondos para el nuevo Plan del Carbón que se adivina en el documento, a través del recorte en líneas de actuación com la actividad, empleo, costes,... La segunda preocupación se refiere a las fórmulas de reducción de plantillas. Según González, «parece querer abrir la puerta a que las bajas de personal se produzcan preferentemente por procedimientos más traumáticos que las prejubilaciones, escorándose hacia la opción de bajas incentivadas». Una opción que CC.OO. rechaza: «Desde el sindicato siempre hemos defendido que ante la necesidad de reducción del sector las bajas menos traumáticas son las prejubilaciones». Aunque desde el sindicato apuntan que este es un documento base sobre el que iniciar la negociación, reconocen que esperaban más claridad. «Ahora es el Gobierno quien tiene que explicarnos qué intenciones tiene para cada apartado, desde esta base inconcreta».