Solicitan cinco años de prisión por un supuesto delito de prostitución

La Audiencia Provincial pasará vista oral el próximo día 14 de junio, a las 10.00 de la mañana, a una acusación de detención ilegal, prostitución y lesiones que pesa sobre M.T.M. su hermana M.T.M, colombianas ambas y el español J.F.R. Para cada uno de ellos se solicita una pena de cinco años de prisión y una multa de 18 meses, a razón de seis euros diarios. En las pruebas periciales, el fiscal considera que en febrero de 2005, la primera de las acusadas habría insertado en varios periódicos de Caracas (Venezuela) anuncios solicitando mujeres para trabajar en un café de España, a través de los cuales se pusieron en contacto con Y.C., G.H.C y Y.V.A. Una cuarta persona, D.B.D se puso en contacto con la acusada, y fue invitada a pasar unas vacaciones en España. El día 22 viajaron todas hasta Madrid, siendo recogidas en Barajas por los otros dos acusados, que son la hermana de la primera y su compañero sentimental, quienes les pidieron los pasaportes y los billetes de vuelta y las trasladaron a León. Entre el 22 y el 28 de febrero, siempre según el relato de los hechos que sostiene el fiscal, se las habría obligado a ejercer la prostitución, para pagar los gastos de 3.000 euros que supuestamente habían contraído por el viaje. Caso de negarse, se las habría amenazado con venderlas a un proxeneta o tomar represalias contra sus familiares en Venezuela. En este tiempo, se las impidió salir del inmueble en el que residían y llamar a sus familiares. El 26 de febrero, una de las denunciantes se negó a seguir prostituyéndose y mantuvo una discusión con las dos hermanas imputadas, que la agredieron, produciéndole un hematoma en el glúteo y una herida en un labio, y expulsándola a continuación del piso. Con el objeto de evitar la posible aparición de la Policía, las tres mujeres restantes fueron introducidas en un coche, en el que estuvieron dando vueltas por la ciudad durante varias horas. La agredida, acudió mientras a la Comisaría de Policía, y presentó denuncia, tras lo cual, se le entregó su documentación y pertenencias. Las defensas entienden que sus patrocinados simplemente habían alquilado la vivienda, y desconocían cuál era la actividad profesional de las otras mujeres y achaca la denuncia a roces y una venganza personal.