Motivos de salud obligan a los afectados de la colza a abandonar el encierro

Motivos de salud y el anuncio de que no conseguirían una pensión obligaron ayer a los afectados por el síndrome tóxico de León a abandonar el encierro que, desde hace cinco semanas, mantenían en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Los enfermos anunciaron que ahora pedirán la revisión de las ayudas que perciben y la concesión de una ayuda vitalicia para todos los enfermos que tienen una incapacidad reconocida. Se trata, explicó el portavoz Abel Fernández, que «ningún afectado tenga que depender de su familia». La revisión solicitada afecta tanto a los beneficiarios como a la cuantía de las prestaciones percibidas ya que los afectados reclaman una modificación en los coeficientes de cálculo de las ayudas para que no computen, o lo hagan en menor medida, los ingresos percibidos por otros miembros de la unidad familiar. Asimismo reclaman que se establezcan nuevos factores multiplicadores en las ayudas para que «los afectados con una incapacidad laboral sean los más beneficiados por este concepto» «Desde esta asociación se pretende conseguir que los afectados del Síndrome Tóxico que tengan reconocida una incapacidad laboral puedan disfrutar de una ayuda económica vitalicia, y que no dependan para su sustento única y exclusivamente de sus familiares, por lo cual no cejará en su empeño y si, fuere necesario, se retomarán las medidas de presión al Gobierno», adelantó el portavoz de la asociación. Reunión con el subdelegado El abandono del encierro se produjo ayer tras una reunión con el subdelegado del Gobierno que ha actuado como interlocutor con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que se ha comprometido a estudiar y modificar la normativa vigente para solucionar la situación de cada enfermo concreto. Previamente, Abel Fernández, portavoz de la asociación, anunció el fin momentáneo de las protestas, alegando esos motivos de salud ya que, precisó, muchas de las patologías se han agravado y, según los médicos, podrían entrar en una situación irreversible si los enfermos no vuelven a su ritmo habitual de vida. No obstante, tras el cese de las movilizaciones está también el anuncio de que «el Gobierno sólo mantendrá una reunión con la Coordinadora Nacional de Síndrome Tóxico, el Gobierno no concederá una pensión a los afectados del Síndrome Tóxico en los términos pretendidos y el Gobierno sólo modificará aquella normativa que ya existe en vigor», explicaron los enfermos en la rueda de prensa a la que asistieron como espectadores más de medio centenar de aquejados. Dolidos y resignados, los enfermos aprovecharon esta última comparecencia ante los medios de comunicación para agradecer la colaboración prestada por personas y colectivos durante este encierro pero también para recriminar al presidente del Gobierno su falta de apoyo y el engaño que, hace cuatro años, les urdió para conseguir su voto y apoyo. Como al principio La protesta no ha servido para mucho ya que el acuerdo alcanzado con el Gobierno ahora responde a la propuesta inicial desde el Ejecutivo de que se estudiaría caso por caso la situación de necesidad de cada afectado a la hora de estudiar la concesión de ayudas económicas. De hecho, esta propuesta fue la que se entregó a los enfermos en su primera reunión con representantes gubernamentales nada más iniciar el encierro hace ahora más de un mes. Los enfermos abandonaron el salón de plenos en la tarde de ayer, tras reunirse con el subdelegado del Gobierno en las instalaciones municipales poco antes de la una de la tarde y acudir, por última vez, al restaurante donde el consistorio encargó y pagó todas sus comidas desde el primer día del encierro, una manutención por la que el Ayuntamiento ha tenido que abonar más de 5.000 euros.