Máximo Ferrero asume su cuarto mandato al frente de la FSP-UGT

Con el reto de luchar contra la privatización, contra la externalización de los servicios públicos, Maxi Ferrero asumió ayer el cuarto mandato al frente de la Federación de Servicios Públicos de UGT, una federación que reúne a más de 2.200 afiliados, trabajadores públicos de sectores como la sanidad, las telecomunicaciones o los agentes forestales que configuran ésta como el segundo sector más numeroso en el sindicato ugetista. La de Máximo Ferrero fue la única candidatura y obtuvo el respaldo del 95% de los delegados. Ferrero destacó que la administración ha de contar con los medios suficientes para poder prestar los servicios, «dejémonos de universalizar, de externalizar, que en lo público es donde deben hacerse las cosas y se están haciendo bien», explicó momentos antes de su reelección. En su preocupación por la pérdida de lo público, Ferrero destacó la situación de Sanidad donde se están asumiendo acuerdos con los sindicatos sin cuantificar los recursos humanos suficientes, como por ejemplo la jornada de 35 horas semanales. «Vamos a estar mucho peor», precisó. En este campo, la lucha es lograr el objetivo de «mejorar la calidad asistencial; queremos estar como Valladolid o Salamanca, que nadie tenga que ir a operarse fuera», agregó. La ayuda domiciliaria y la mejora asistencial, en todos los aspectos, son a, su juicio, retos para una federación «comprometida con lo público». Incremento de la afiliación El responsable de la FSP anunció que sus retos más importantes, en la organización interna, son mejorar los resultados electorales de la federación, pero sobre todo incrementar el número de afiliados, para convertir la de servicios públicos en una organización de referencia. Ferrero destacó que el balance de su anterior mandato es «bastante positivo, aunque siempre hay cosas que mejorar» y precisó que el periodo vivido ha sido muy comprometido, ya que coincidió con el Partido Popular al frente del gobierno central, «que marca toda la negociación», y que ha generado una importante pérdida del poder adquisitivo entre los trabajadores públicos, «muy importante pero muy difícil de restituir».