Responsable autonómico de la Federación de Servicios Públicos de UGT
«La Junta firma muchos y buenos acuerdos, pero no los cumple»
El nuevo responsable de FSP-UGT anuncia una movilización contra los incumplimientos de la administración y reconoce que teme la privatización de los servicios públicos
El pasado fin de semana, Antonio Domingo Bodelón, ascendió un paso más en su carrera sindical. Después de más de tres años al frente del sector de Sanidad de la regional de Servicios Público de UGT, este médico berciano asumió la secretaría general tomando el relevo de una gestora. Anuncia que no estará en ella más de cuatro años, porque quienes batallan por los trabajadores han de estar en contacto con el día a día laboral y no perpetuarse en cargos, y reconoce que su gran reto es luchar contra la inestabilidad. El responsable de la FSP anuncia una movilización inmediata, antes de que acabe el mes, para exigir a la administración autonómica el cumplimiento de los acuerdos firmados con los sindicatos. «La Junta firma muchos y buenos acuerdos pero el problema es que o no los cumple o el calendario que aplica los convierte en papel mojado», precisa. -¿Cómo y por qué asume este reto? -Como una enorme responsabilidad, sin duda, ya que es encargarse de todos los empleados públicos de Castilla y León, ya que nuestra aspiración no es estar sólo con los afiliados. -El hecho de que durante los últimos años la administración autonómica no haya querido o podido estabilizar a sus empleados, ¿va a cambiar? -En el sector autonómico se han dado pasos importantes de cara a la estabilidad, logrando una rebaja de las tasas de interinidad y aunque aún quedan flecos en el sector sanitario, con la OPE extraordinaria y la consolidación de los post-transitorios se está caminando por el buen camino. Parece que, si cumplen con lo que han pactado, se van a dar pasos para reducir la interinidad a una tasa técnica y para que cada dos años haya convocatoria de empleo público, ya que lo que había hasta ahora era inasumible, la Junta la llevaban los interinos. -Pero en los últimos años se han firmado importantes acuerdos -El problema de la Junta no es que no haya acuerdos, la Junta firma muchos y buenos acuerdos pero o no los cumple o el calendario de aplicación con que lo hace los convierte en papel mojado. -Es difícil, para un sindicalista, transmitir que el funcionario no es el trabajador que más cobra y menos trabaja... -Ese es otro de los mitos que hay que desterrar, y desterrar definitivamente. Se sacan conclusiones de anécdotas y eso es totalmente incierto. El ciudadano sí se está dando cuenta de que hay un empleado público, que independientemente de la administración para la que trabaje, está a su servicio. Lo que pasa es que hay cosas que no se valoran hasta que se pierden, y eso suele pasar con los servicios públicos. -¿Temen que se pierdan servicios públicos como la sanidad o la educación? -En el tema de la sanidad se ha cometido el atentado más grave desde las transferencias que es la privatización del Hospital de Burgos que supondrá la pérdida de 300 puestos de trabajo públicos, si sale el proyecto tal y como está diseñado. Estamos muy preocupados pero no sólo por ese hecho puntual, sino por lo que está ocurriendo en León con la concertación de servicios y por síntomas que nos hacen ver que se está favoreciendo la privatización. El pastel de la sanidad pública que se está repartiendo es brutal. -¿Puede extenderse a otros sectores? -De hecho, hay campañas de saneamiento ganadero, de forestales que llevan empresas públicas, institutos que crea la Junta para facilitar una forma de gestión con la que no estamos de acuerdo. La línea de gestión de este gobierno es apostar por la externalización de los servicios, un eufemismo para la privatización. -¿Qué pueden hacer los sindicatos, además de reivindicar? -Intentar trasladar a la sociedad, y esa sí es una asignatura pendiente, los riesgos reales que puede suponer la privatización. No es sólo dogmatismo, apostar por lo público sobre lo privado, es intentar convencer que el sector público está ahí para obtener beneficios y que la gestión en lo público no es, ni debe ser, peor. -¿Hay una alta tasa de afiliación entre los empleados públicos? -La Federación, en la comunidad, tiene 15.000 afiliados entre los empleados públicos, pero no nos conformamos, ni muchísimos menos, pues creemos que la tasa de afiliación es muy baja. Algo estaremos haciendo mal, y hemos de intentar convencer a la gente que estamos a su servicio y que podemos mejorar las cosas. -Las reivindicaciones sindicales son continuas, pero las movilizaciones escasas. -Es parte de la cultura. El empleado público muchas veces está quejoso de cómo se le trata desde la administración, pero luego no somos capaces de transmitirle la fuerza para la movilización. Pero eso está cambiando, el trabajador está tomando conciencia de lo que se juega y cada vez está más sensibilizado. -¿Con qué balance se dará satisfecho al acabar los cuatro años de mandato? -Nuestro objetivo es consolidar nuestro liderazgo del sindicato en las administraciones públicas y, sobre todo, demostrar al empleado público que estamos aquí para darles un servicio, resolverles problemas. -¿Y en defensa de los trabajadores? -Acabar con una tasa de interinidad inaceptable en la administración local, intentar frenar la externalización de servicios básicos y recuperar parte del poder adquisitivo perdido en estos años en los que los empleados públicos han pagado los platos rotos de la contención económica y aunque ahora estamos siendo menos mal tratados, durante años no hemos sido tratados como nos corresponde.