La Junta niega que exista una privatización en la sanidad de la comunidad

El consejero de Sanidad, César Antón, rechazó ayer que haya una privatización de la sanidad regional, como sostuvo el PSOE, y arguyó que sólo el 4,21% de las intervenciones quirúrgicas son por concierto, con una media de actividad concertada del 4,7%, seis décimas menos que el promedio nacional. Antón respondió así en el Pleno de las Cortes regionales a una interpelación sobre servicios externalizados que le planteó la procuradora socialista María Teresa Rodrigo Rojo, a quien el consejero le reprochó que aprovechase la iniciativa para centrarla en las irregularidades en la gerencia de Salud de Valladolid, cuyo gerente, Pedro Antona, dimitió recientemente. Antón explicó que el gasto en conciertos de todo tipo, que incluyen tanto los helicópteros de emergencias, el transporte sanitario, la logopedia o la oxigenoterapia, supone sólo el 2,6 % del gasto general sanitario, que es de 2.800 millones, con unos 120 millones anuales. Y añadió que «de esos 120 millones de euros, los conciertos quirúrgicos se llevan anualmente entre 40 y 45 millones de euros». El juzgado número 1 de lo social pasará vista oral el próximo martes a las 12.00 a un caso de robo con intimidación, dl que se acusa a un reincidente, con antecedentes penales de cuatro años de prisión por otro robo, al que se acusa de haber acudido a las oficinas de una empresa de gasóleos de Navatejera, en la que encontró a las dos hijas del propietario del negocio, menores de edad ambas, a las que colocó una espátula metálica en el abdomen, exigiendo supuestamente el dinero: «No me obliguéis a hacer algo que no quiero». La menor de las niñas le entregó un billete de 5 euros y de la cartera de un recaudador, se apropió de 218 euros. El acusado fue detenido por la policía el mismo día de los hechos, y desde entonces permanece en prisión. La defensa solicita la atenuante de embriaguez por alcohol, y deja la condena en dos años de cárcel, aunque reconoce la reincidencia del imputado en el caso en cuestión. El juzgado de Instrucción número 2 de León ha decidido absolver a un ciego de una falta de ofensa a agentes de la autoridad, y de otra falta de lesiones, que pesaba sobre su persona como consecuencia de una denuncia presentada por un efectivo de la Policía Local, que sostenía que el invidente le había agredido cuando había acudido a socorrerle, tras un altercado con un grupo de jóvenes. Getino Montenegro, letrado de la víctima consiguió demostrar que el único problema fue que, en la trifulca, el acusado había confundido al agente con sus agresores. El apartado de hechos probados de la sentencia señala que el Día de los Inocentes del 2005, el policía en cuestión , acompañado de otro funcionario, acudió a la Avenida de San Mamés, al ser requerida su presencia, ya que el imputado estaba amenazando en la calle a los viandantes con el bastón que usa habitualmente. Al tratar de reducirlo, se produjo un altercado, a resultas del cual, dada su minusvalía, el ciego no pudo identificar a los efectivos policiales, cayendo todos al suelo y resultando lesionado con policontusiones. La sentencia rechaza la existencia de una falta de consideración al policía «porque para que se produzca este extremo, es necesario que el denunciado hubiese tenido conocimiento de su condición de agente de la autoridad, algo que no se produjo hasta que fue esposado, cuando preguntó quiénes eran los que le hablaban». No hubo delito Tampoco considera la juez que exista el delito de lesiones como tal, a pesar de que se reconoce que el agente resultó lesionado. «Las funciones del policía consistían en tranquilizar al invidente, quien tras tener un altercado con unos chicos que pasaban por la calle, y que se metieron con él, se puso nervioso, comenzando a blandir el bastón que portaba. Por eso, al intervenir el policía, se puso aún más nervioso, alcanzando desafortunadamente al agente en el hombro. No puede apreciarse en el acusado la intención de dañar al perjudicado, fundamentalmente, porque dada su condición de invidente, no pudo apercibirse de que quienes se dirigían a él eran agentes de policía». Por otro lado, el policía manifestó que ni su compañero ni él se dieron cuenta de que el ciudadano era ciego hasta que le redujeron y esposaron. El ministerio fiscal solicitaba una condena de 40 días de multa con una cuota diaria de 10 euros por la falta de ofensa a un agente de la autoridad y otra pena de diez días de localización permanente por la falta de lesiones, así como una indemnización de 546 euros para el policía herido por las lesiones sufridas.