El PP asegura que la medida no busca arrebatar el patrimonio a los pueblos

El procurador leonés en las Cortes de Fuensaldaña, miembro también de la Comisión de Medio Ambiente, Fernando Arvizu, explicó ayer que la intención de la Junta de gestionar y explotar los montes de utilidad pública «dependerá de si las pedanías están vivas o no y, desde luego, no creo que esta ley pretenda quitarles su patrimonio». Comentó, igualmente, que la norma buscará también que las juntas vecinales con pocos habitantes reviertan los beneficios de sus montes en la pedanía y no que sea un reparto entre los vecinos. «Que la explotación revierta de verdad en una utilidad pública». Arvizu insistió, además, en que la Junta intervendrá «sólo en supuestos concretos con las garantías legales necesarias». Llorente: «Una usurpación» Por su parte, el secretario general del sindicato agrario Ugal, Matías Llorente, subrayó ayer respecto a este asunto que se trata «de una usurpación descarada por parte de la Junta que no tiene ni argumento ni razonamiento». Alertó, asimismo, que supondrá el fin de los pueblos porque «acabará con la ganadería y otras riquezas, además ataca al patrimonio que siempre ha estado en manos de las juntas vecinales». Llorente reclamó la autonomía de las pedanías para continuar gestionando y explotando los montes de utilidad pública y acusó también a la Junta de saltarse con esta decisión dos instituciones intermedias, como son la Diputación y los ayuntamientos. La medida afectará a 600.000 hectáreas de monte y unas 600 juntas vecinales de la provincia de León.