Luyego impulsa un frente con las pedanías para crear juntas comarcales de montes

La intención de la Junta de controlar la gestión y explotación de los montes de utilidad pública -en la mayoría de los casos en manos de las pedanías de la provincia desde hace siglos- ha soliviantado a los responsables de las entidades locales menores afectadas, alrededor de 600.000 hectáreas en manos de cerca de 600 juntas vecinales. El Ayuntamiento de Luyego y la pedanía de Tabuyo del Monte, únicas instituciones de León además de la Diputación que han presentado alegaciones contra la Ley de Montes, denunciaron ayer que la Junta no tiene en cuenta los derechos de quienes han gestionado los montes de utilidad pública toda la vida. Incluso, la alcaldesa de este municipio, la socialista Marisa Rodríguez, apuntó que promoverán un frente común de juntas vecinales para la constitución de juntas comarcales de montes o agrupaciones, que tendrían como objetivo el aprovechamiento y la gestión de áreas limítrofes de forma común incluyendo, además, a los propietarios privados. «Sería una forma de que los montes estuvieran mejor gestionados, aunque la Junta vele por unos mínimos con un marco legal para evitar desmanes», explicó Marisa Rodríguez, quien consideró la Ley de Montes como «un claro retroceso para sus propietarios, tanto públicos como privados». Explicó, en este sentido, que el PSOE en el ámbito de la comunidad mantiene activo un grupo de estudio para impulsar un modelo de gestión que una intereses de grupos de juntas vecinales. «Ahora la Junta no puede venir con una ley que supone un mayor intervencionismo, sino que sus técnicos deben estar al servicio de los ayuntamientos y las pedanías para evitar cacicadas». La alcaldesa de Luyego denunció, igualmente, la falta de participación de las juntas vecinales en la futura Ley de Montes. «Los montes impulsan un desarrollo rural sostenible y sus usos deben ser decisión de sus propietarios». Rodríguez llamó la atención también sobre otros beneficios del monte, además de la madera como hasta ahora, como la biomasa, las setas y otros recursos. «Tiene que ser una ley integral que contemple nuevas explotaciones y beneficios para la comunidad que conserve su monte, porque una sociedad rural con raigambre forestal considera el monte como suyo, lo cuida y evita catástrofes como los incendios forestales», puntualizó.