La asistencia a víctimas de violencia de género se intensificará en zonas rurales

La comisión de seguimiento para el sistema de teleasistencia móvil a las víctimas de la violencia de género anunció ayer la adopción de tres medidas básicas, encaminadas a la mejora del servicio, que lleva funcionando ya un año. Se buscará extender el servicio al ámbito rural con mayor intensidad de lo que hasta ahora se ha llevado a cabo, adoptar los sistemas correspondientes para alcanzar las mayores cotas de coordinación entre los servicios que la integran y las fuerzas de seguridad así como determinar los trámites y requisitos necesarios para tener acceso al servicio. El subdelegado de Gobierno en León, Francisco Álvarez, presentó las conclusiones del estudio, de acuerdo al cual, existen 121 órdenes de protección en la provincia, pero solamente 21 mujeres han solicitado los teléfonos móviles con los que se solicita auxilio en casos de emergencia. «Tendríamos que indagar más a fondo en las causas que llevan a una diferencia tan notable entre los casos existentes y las mujeres que se someten a protección. En cualquier caso, nos gustaría subrayar que es un servicio totalmente voluntario» señaló Álvarez, acompañado en el acto por la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de León, Ana Guada, por el responsable de esta área en la Diputación, Agustín García Millán, así como tres representantes de Cruz Roja, el Ayuntamiento de Ponferrada y el de San Andrés del Rabanedo. El dispositivo lo conforman Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Abogados, Trabajadores Sociales, Juzgados de Violencia de Género de León y Ponferrada y las asociaciones de atención a mujeres Simona de Beauvoir, Isadora Duncan, Adavas, Nuestra señora de Fátima, Clara Campoamor, Flora Tristán. «Son las que fundamentalmente atienden primero a las víctimas en la mayor parte de los casos. El servicio de teleasistencia a víctimas de violencia de género exige únicamente que exista una orden de protección y que no haya convivencia entre el agresor y la mujer agredida. Se trata de un programa suscrito entre el Ministerio de Trabajo y la FEMP.