El Gobierno dota con 650 efectivos a la UME y sube sus sueldos hasta un 50%

La Unidad Militar de Emergencias (UME) que el Gobierno ha decidido ubicar en la base Conde de Gazola de Ferral del Bernesga contará con 650 efectivos y será la segunda más grande del país detrás de la base aérea de Torrejón de Ardón, que dispondrá de 2.121 soldados y mandos. Así se recoge en el proyecto que fue elevado al Consejo de Ministros para la constitución de esta unidad y que publicó ayer La Razón. El resto, hasta 4.310 efectivos, se reparten entre los 389 de la base de Bétera (Valencia), 560 en la base aérea de Zaragoza, 530 en Morón (Sevilla) y otros 60 en la base aérea de Gando, en Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo de la creación de este dispositivo, según dicho informe, responde a la disponibilidad y reacción rápida, la capacidad de concentrar medios en poco tiempo, la confianza que genera en la población y la capacidad de generar disuasión. Un documento en el que el Gobierno reconoce que el «actual sistema de protección civil se ha revelado insuficente para reaccionar eficazmente ante estas situaciones, lo que aconseja adoptar iniciativas que corrijan la precariedad de medios con los que cuenta la Administración General del Estado en este ámbito». Según publicó ayer La Razón, la totalidad de efectivos previstos se dividen en 305 oficiales, 850 suboficiales y 3.155 soldados, «todos ellos voluntarios» que tendrán «las retribuciones contempladas en la legislación vigente para los militares con un suplemento que varía desde un 50% para la tropa hasta un 20% a un coronel, para compensar su permanente disponibilidad». Con estos datos, un soldado que trabaje en la UME percibirá alrededor de 7.600 euros más que en otra unidad del Ejército y su sueldo será de 22.603 euros al año. Los comandantes y tenientes cobrarán en torno a 12.000 euros más que sus compañeros de otros destinos y los capitanes 11.000 más. Así, un coronel cobrará 57.793 euros y un brigada 35.866. Además, el informe que fue elevado al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva señalaba que las retribuciones podrían ser incrementadas haciendo uso del concepto «gratificación por servicios extraordinarios». Así, los costes del personal ascenderán a 117 millones de euros anuales, a los que habría que sumar otros 8 millones en adiestramiento y 25 más para el mantenimiento del material.