El traspaso de la gestión del agua en Carbajal se salda con tres denuncias

Carbajal de La Legua se ha convertido en la piedra en el zapato del Ayuntamiento de Sariegos tras la municipalización del agua el pasado verano. La junta vecinal, que se había encargado de la gestión de este recurso durante los últimos 25 años, no aceptó de buena gana el cambio e intentó paralizar el traspaso de manos con un contencioso. La vía judicial no ha dado, de momento, los resultados que esperaban, ya que el juez desestimó el pasado 25 de noviembre la medida cautelar que proponía Carbajal para paralizar la adjudicación del servicio del agua hasta que se resolviera la demanda. Ante ese revés, la pedanía sacó el otro as que guardaba aún en la manga, negándose a facilitar los datos bancarios de los clientes a la empresa que ganó la concesión, Urbaser. De ahí que la compañía haya tenido que elaborar su propio padrón del pueblo «con una campaña puerta a puerta, con cientos de escritos, notificaciones y bandos para lograr que los propietarios de Carbajal se dieran de alta en el servicio», reconocen los responsables de la adjudicataria. El conflicto se recrudeció el pasado mes de marzo, cuando se cortó el agua temporalmente a varios vecinos que no habían atendido las reclamaciones de Urbaser para aportar sus datos. La empresa explica que «si no están dados de alta carecen de derecho a recibir el suministro de agua, una cuestión que se avisó reiteradamente y por todos los medios». Es más, llegaron a precintar quince contadores que los afectados rompieron. El rifirrafe concluyó, según Urbaser, con solución para doce de los precintados y con tres denuncias ante la Guardia Civil para los que continuaron consumiendo agua sin darse de alta. La queja Sin embargo, las diferencias no quedaron ahí. El pedáneo, Domingo García, ha recogido 62 firmas de personas que piden al Procurador del Común que proteja y defienda «el derecho fundamental a tener acceso al agua potable de forma equitativa y sin discriminación». Consideran «impensable» que se llegue a cortar el agua a algún vecino, «ya que es un bien de utilidad pública» y tachan de «coacción» las advertencias sobre los posibles cortes de agua si no facilitaban sus datos. El Procurador del Común confirma que ha recibido la queja con las firmas y que aún está pendiente de ser admitida a trámite. García acusa al Ayuntamiento de actuar de forma «agresiva y mal intencionada, simepre por las bravas, en lugar de a través del diálogo». Contra esa supuesta actitud es contra la que luchan. El alcalde de Sariegos, Ismael Lorenzana, considera que el pedáneo de Carbajal «sólo busca el desgaste del equipo de gobierno hablando de conflictos que no existen, porque la mayoría de los vecinos del pueblo están conformes con la adjudicataria y sólo él mantiene la ofensiva cortando su precinto». También insiste en que las otras tres pedanías han colaborado en el traspaso de la gestión del agua y no han puesto problemas permanentemente como la junta vecinal de Carbajal. Extremo que confirma la propia empresa.