Los peritos revelan que nadie auditó el Hospital Psiquiátrico entre 1993 y 1998

El juicio celebrado esta semana contra un antiguo administrador del Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel, quedó visto para sentencia ayer, con la elevación a definitivas las calificaciones por parte de acusación y defensa. Un perito propuesto por el letrado que asiste al acusado reveló ayer que, entre los años 1993 y 1998 no se realizó una sola auditoría interna en la institución regida por la Junta de Castilla y León: «Por la complejidad del sistema de control de la administración se echa en falta alguna auditoría en todo este tiempo» señaló. Los hechos que se juzgan data de esa etapa. El fiscal considera que, aprovechando la confianza que existía en su persona, el jefe de administración de la institución en esa época, se apropió indebidamente de cerca de 27 millones de pesetas, que supuestamente distrajo de las cuentas de 91 internos en el establecimiento. Lo hacía, siempre de acuerdo a la versión de la acusación, realizando las extracciones de cantidades que iban de las 50.000 a las 700.000 pesetas, que luego no consignaba debidamente en las hojas de control individuales, asignadas a cada uno de los pacientes. De las cuentas de las víctimas faltarían así entre 630 pesetas, en el caso de menor cuantía, hasta las 990.582 pesetas del más elevado. A criterio del experto que cerró el turno de las pruebas testificales, el control de los fondos era muy pobre, los arqueos muy raros y las inspecciones sorpresivas inexistentes, aún siendo prácticas obligatorias en muchos casos. Arrepentidos o negadores El fiscal elevó a definitivas sus calificaciones previas y se mantuvo en la solicitud de seis años de prisión. «Hay acusados que se muestran arrepentidos, y buscan un acuerdo para la reducción de la pena, y otros que se dedican a negarlo todo, se enrocan en sus teorías y usan el barullo para sembrar confusión. El de estos días, ha sido un caso de este último tipo. La defensa ha dicho que ha podido ser cualquier otra persona, han barajado multitud de cifras y hasta casi ha exigido que se prueben todos y cada uno de los movimientos bancarios que se han realizado». Cifró en cerca de un millón de pesetas la cifra que pudo llegar a ser distraída solamente durante un mes en el que, por vacaciones de sus compañeros en el departamento de administración, el sospechoso se quedó solo. Defendió la validez del trabajo realizado por el perito que evaluó el montante total de la operación en 44 millones y extendió a casi 300 pacientes el número de afectados «porque estuvo tres meses contando recibos y verificando documentos, cosa que nadie más ha hecho» y recibió con agrado el último informe pericial de la defensa: «Se concluye que las cuentas tenían un descontrol absoluto para dar a entender que no se puede probar quién se quedó con ese dinero, cuando en realidad, lo que se hace es sostener la tesis de que el imputado lo tenía así más fácil para actuar sin ser descubierto, con la particularidad de que además, él era el responsable de la administración». Atenuantes rechazadas Aclaró que, de haberse acogido el reo a una posible atenuante por adicción al juego, quizá se hubiera podido reducir la pena «pero negó que tuviera problemas de ese tipo, con lo cual, no lo hemos contemplado». Finalmente, atribuyó a la Junta la responsabilidad civil que deriva del caso «porque igual que el Estado responde cuando un policía con desequilibrios de conducta usa su pistola fuera del trabajo para cometer un delito, por ejemplo, aquí, también hay una responsabilidad de quien regenta el hospital. Es un problema de especificidad del cargo». «Y está tan claro que había una responsabilidad que, de hecho, la dirección decidió, a raíz de estos hechos, que se cambiara el sistema de administración del dinero de los pacientes en el hospital».