Las obras afectaron a una decena de propietarios que denunciaron el caso ante el Procurador y la Junta

Al parecer, las obras de reforma de la carretera entre la pedanía de Redipollos y Puebla de Lillo obligó a la ocupación de terrenos de una decena de particulares, que todavía no han sido indemnizados. Incluso un grupo de ellos denunció en su día la situación ante el Procurador del Común y la Junta. También han mostrado su interés en emprender acciones legales contra la Diputación y el Ayuntamiento de Puebla de Lillo. El acuerdo entre el alcalde de ese municipio y los propietarios fijaba en 1,80 euros por metro la compensación por la invasión de sus terrenos, además de reponer los cierres de sus fincas con un nuevo vallado de madera. El expediente abierto por la Junta a la Diputación por arreglar esta carretera sin contar previamente con el estudio de impacto ambiental se basa en la Ley 4/89 de la Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que precisamente regula que no pueden acometerse obras en este tipo de lugares sin tener previamente la evaluación ambiental.