Condenado a tres años de cárcel el ex administrador del psiquiátrico

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha condenado a una pena de tres años de prisión y una indemnización de 165.551 euros (27 millones de pesetas) a un antiguo administrador del Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel, al que se encuentra culpable de un delito continuado de apropiación indebida agravada, por el que fue juzgado a finales del pasado mes de abril. El texto del fallo, que ha sido notificado a las partes afectadas esta semana, considera además que la Junta de Castilla y León es responsable civil subsidiaria, como propietaria del establecimiento, por lo que deberá hacerse cargo de las cantidades y las costas procesales. Los hechos sobre los que se emitió sentencia en las últimas horas datan del periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 y 15 de septiembre de 1998. El fallo considera probado que, en ese tiempo, el procesado se valió de las deficiencias que presentaba entonces el sistema de administración del Hospital Psiquiátrico para distraer de los fondos privados de los internos cantidades de importe generalmente inferior a los 300 euros y casi nunca superior a los 4.000, aproximadamente. Hasta 5.953 euros Así, se calcula que 91 enfermos perdieron parte de sus ahorros, 3,79 euros en el caso de menor cuantía, 5.953 en el mayor de los importes. El acusado se encargaba de suministrar a las víctimas cantidades variables de dinero, en función de sus necesidades (desde los gastos corrientes de la cafetería del centro, hasta diferentes compras en la ciudad) con la particularidad de que, en algunos casos, estaba autorizado a realizar las operaciones porque figuraba como co-titular de alguna libreta. En la mayor parte de las operaciones, se trataba de cartillas mancomunadas, en las que se exigía también la firma del director del hospital para realizar las operaciones, pero de la vista oral se dedujo que la entidad bancaria en la que se realizaron las operaciones, no tenía registrada la firma de al menos los tres últimos directores médicos del centro, pese a lo cual se validaron las operaciones. El fallo señala, además de los tres años de prisión que se fijan para el imputado, que la responsabilidad civil subsidiaria corre por cuenta de la Junta de Castilla y León, por entender que era la responsable del centro. También recuerda que hay cerca de una docena de víctimas del caso que ya han fallecido, por lo que la compensación correspondiente, la recibirán sus legítimos herederos