«El Ayuntamiento aún no ha cedido el solar para la Ciudad del Mayor»

Cuando se acaban de cumplir dos años de su mandato como secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, la berciana Amparo Valcarce, asiste al desarrollo legislativo de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia con el convencimiento de que su puesta en marcha, en el 2007, será «una revolución social». La misma palabra -«revolución inversora»- utiliza para hacer balance de la labor de su departamento en León, en la que destaca la construcción del Centro de Atención a Minusválidos Físicos (Camf) de San Andrés del Rabanedo y los numerosos convenios con ayuntamientos. Sobre la Ciudad del Mayor de León apunta que el Gobierno ha realizado el plan funcional y ha remitido los proyectos a la comunidad autónoma, pero falta que «el Ayuntamiento, que ha celebrado un pleno hace poco, aún no ha hecho la cesión del solar». -¿Cómo afectará la nueva ley a las personas con discapacidad, que son minoría -15%- respecto a las personas mayores entre sus beneficiarios? -No son muy numerosos, pero sus necesidades son mayores. La ley va a marcar un antes y un después porque estas personas tendrán garantizados los cuidados por ley como un derecho universal y subjetivo, pero también la promoción de su autonomía personal, sobre todo para discapacitados jóvenes que acuden al colegio, al instituto o a la universidad, o quieren trabajar. Ahí cobran gran importancia prestaciones como el asistente personal, los centros específicos de promoción de la autonomía personal y las ayudas técnicas para el hogar y adaptación del puesto de trabajo. -¿El asistente personal va a ser compatible con otras prestaciones? -Sí, las personas con derecho a esta prestación recibirán una cantidad económica para que ellos puedan contratar al asistente personal. Cada uno elegirá el suyo porque es algo que está en el ámbito de la intimidad de la persona y de adaptación a sus propias necesidades. -¿Cómo refleja la supresión de barreras y las ayudas técnicas? -Tendrán derecho a las ayudas técnicas para adaptación del hogar, pero también del entorno en el que se mueve la persona. Pensamos sobre todo en lo que tiene que ver con la educación y el trabajo. -Todavía hay muchos centros educativos con barreras. ¿Cómo llegar a todo? -Efectivamente, por eso estamos haciendo un esfuerzo muy especial en los planes de accesibilidad para la eliminación de barreras. Los colegios y los institutos son cada vez más accesibles, pero ahora hacemos más hincapié en las universidades donde vemos que los estudiantes con discapacidad tienen mayores dificultades. -Los servicios de atención temprana ya se dan ahora, ¿cuál va ser la aportación de la ley? -Son claramente insuficientes y con la ley queremos es que haya una perfecta coordinación entre los servicios de atención temprana y los educativos y sanitarios, pero sobre todo que se garantice a todos los s menores de tres años afectados de grandes discapacidades, independientemente de donde vivan (en una ciudad o en el medio rural). -Quieren poner el listón muy alto. ¿Le da un poco de vértigo? -El problema no es que en este momento no existan residencias, claro que existen pero son insuficientes o no están especializadas. Hay centros de día, pero son insuficientes. No es que la ayuda a domicilio o la teleasistencia sean desconocidos, es que no dan cobertura universal a todas las personas dependientes. -¿Qué papel van a tener las administraciones locales si la ley no le da participación en el programa individual de atención? -Esto es una ley estatal y los servicios sociales son competencia de las comunidades autónomas. Nosotros sólo podemos regular lo que afecta a las comunidades autónomas y éstas en su ámbito desarrollarán la ley. Aquí es donde se determinará el papel concreto de los ayuntamientos, pero la ley sí apunta al papel relevante que tienen que tener las entidades locales porque la puerta de entrada al sistema tienen que ser los servicios sociales. -¿Qué va a pasar con comunidades como Castilla y León que discrepa con la política de la administración central? -No puede haber ningún riesgo, no puede quedar de ninguna de las maneras a ningún albur, como no quedan ni la educación ni la sanidad. La ley es clara y de obligado cumplimiento para el Gobierno central y para la comunidad. La descentralización administrativa que nos hemos dado en España se basa en la lealtad constitucional. Quiero dar totales garantías de que no estamos ante una cuestión que quede a la buena voluntad de la comunidad autónoma o del gobierno central. -¿Qué haría usted en Castilla y León ante esta ley? -En Castilla y León es muy importante establecer un marco de colaboración con todos los ayuntamientos regulado por ley, que garantice la igualdad entre ellos. La base tiene que ser un mapa que defina necesidades y recursos. Lo mismo que hay un plan director de infraestructuras tiene que haber en la comunidad autónoma un plan director de infraestructuras de servicios sociales.