Diario de León

Villaquilambre | El Contencioso recibe el escrito a favor del pleno del 10 de junio

UPL y PP defienden en el juzgado la supresión de sueldos al gobierno

La letrada contratada por el Ayuntamiento cree legal la retirada de las retribuciones a los siete concejales

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Pilar Infiesta - villaquilambre
León

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La abogada Susana Cañón, encargada de defender el acuerdo plenario adoptado el pasado 10 de junio por los ocho concejales de UPL en Villaquilambre y los dos ediles del PP que, en la práctica, supuso la supresión de los sueldos y parte de las competencias al equipo de gobierno, presenta hoy sus alegaciones al juzgado de lo Contencioso número 2 de León. El tribunal había recibido un recurso del grupo de concejales del equipo de gobierno contra los acuerdos sellados en aquel pleno y concedió un plazo de diez días para escuchar la versión de los demandados. La letrada rechaza en su escrito que la suspensión de las retribuciones a los miembros del gobierno de Villaquilambre, salvo la asistencia a los plenos, y su baja en la Seguridad Social sea nula de pleno derecho, como mantienen los afectados. Indica, al contrario, que la competencia es del pleno, que es quien determina las funciones y las retribuciones. «De acuerdo a la competencia, el acuerdo plenario del 10 de junio sería legal -puntualiza-, pero es que, además, los miembros del equipo de gobierno son no adscritos, y el régimen de sus derechos económicos y políticos corresponde al pleno, porque en Villaquilambre no hay un reglamento orgánico». La abogada asegura que posee un documento que acredita que los miembros del gobierno son no adscritos porque fueron expulsados del partido por el que se presentaron a las elecciones. «El Comité Ejecutivo Nacional del PSOE les expulsó el 10 de febrero del 2004 y en su comunicación indica que en el Ayuntamiento de Villaquilambre no existe grupo municipal socialista». El equipo del alcalde, Miguel Hidalgo, pedía como medida cautelar la suspensión de ese punto, así como la supresión de las dietas pos asistencia a comisiones y la suspensión del puesto de trabajo del personal de confianza. Cañón defiende la validez de este último punto en que el propio alcalde firmó un decreto de cese para la trabajadora afectada posteriormente a la sesión plenaria. El juez resolverá en los próximos días si repone los sueldos o no.

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