«Sin reproche social se estimula al prostituidor, como al maltratador»

La Plataforma de Mujeres para la Abolición de la Prostitución cerrará próximamente su campaña contra la explotación sexual de las mujeres reivindicando medidas de represión del proxenetismo, protección de las mujeres en situación de prostitución y medidas de igualdad que, según explicó ayer Rosario Carracedo, reducirán el número de mujeres disponibles para el mercado constitucional. La abogada y portavoz de la plataforma abolicionista participó en León en las jornadas de la asociación feminista Flora Tristán donde también avanzó que se exigirá a los medios de comunicación «un código ético para que dejen de ofertar los cuerpos de las mujeres en los anuncios de relax». Las jornadas concluyen hoy en el Musac a las 20.00 horas con la película El año que trafiqué con mujeres , de Jesús Font. -Es obvio que el ingente dinero que mueve la industria del sexo, va a hacer más difícil su su erradicación. -Esta es una de las luchas más comprometidas y arriesgadas del movimiento feminista porque el dinero tiene unas posibilidades de corromper a límites insospechados. Así como la construcción favorece la corrupción de cargos públicos, la industria del sexo incorpora a su nómina a numerosas personas que crean opinión y la alimentan de forma directa o indirecta. Hay que apelar a la conciencia individual y colectiva, pues, como sucedía en la violencia hacia la mujer en las relaciones de pareja en los años 80, la falta de reproche constituía un estímulo para los maltratadores. Trabajamos para que todo el mundo sepa que levantar la mano a una mujer no es un derecho y ahora tenemos que transmitir que hacer uso del cuerpo de las mujeres es una práctica abusiva que viola los derechos humanos. -¿Las comunidades autónomas pueden 'colar' al Estado la regulación de la prostitución? -La existencia de competencias en determinados ámbitos ha permitido a las comunidades autónomas iniciar políticas de regulación u ordenación de los putódromos con medidas urbanísticas. Pero el Estado es el único que tiene competencias para la regulación de las relaciones laboralesal igual que en el Derecho Penal. De hecho, las normativas autonómicas son contradictorias con la legislación penal pues el artículo 188.1 del Código Penal dice que quien obtenga lucro y beneficios económicos de la prostitución ajena será castigado con una pena. -¿El caso de Cataluña ha tenido efecto dominó? -No. La industria del sexo es un grupo importante de presión que favorece esas iniciativas, pero han fracasado en Galicia y en Canarias. El decreto catalán de locales está recurrido por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres y estamos pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronuncie. -¿La regulación de la prostitución afecta sólo a las mujeres que ejercen? -Afecta a todas las mujeres porque el derecho a la igualdad no puede ser fragmentado, entre las que acceden a la plenitud de derechos y una categoría secundaria que se convierte en subespecie al ser mera corporalidad. Afecta al conjunto de las mujeres y no solamente las occidentales, sino especialmente al conjunto universal porque quien abastece los prostíbulos son las mujeres con mayor vulnerabilidad. -¿Esperan que el Gobierno afronte este debate con la polarización existente? -La comisión de estudios de la prostitución constituida hace seis meses creemos que dirá que la prostitución no es un hecho que pueda ser regulable y que hay que trabajar para desmovilizar las prácticas y deslegitimar los comportamientos masculinos de compra de servicios sexuales. Es muy importante visualizar que en este país en torno a 1.200.000 hombres acuden diariamente al mercado prostitucional. Hay que generar una reprobación social y ética hacia ellos y habrá que actuar en el ámbito penal. España ha pasado de ser un país de tránsito de mujeres prostituidas a un país de destino y los macroprostíbulos han crecido espectacularmente en menos de una década, algo que ha tenido mucho que ver con una reforma del Código Penal en 1995, que despenalizó algunas conductas de proxenetismo. -¿España podría implantar un modelo abolicionista como el sueco? -Perfectamente. Si el Gobierno pusiera tanto empeño como en las campañas de tráfico obtendríamos resultados positivos en un tiempo breve. -¿Qué pasaría con las mujeres que ejercen la prostitución? -El abolicionismo no cree en cuentos de hadas. Un decreto no va a hacerla desparecer igual que ocurre con la violencia hacia las mujeres en las relaciones afectivas. Hay que trabajar para deconstruir y erradicar ese hecho, no para volarlo porque es imposible. Las administraciones públicas tendrán que habilitar recursos que ayuden a esas mujeres a salir de la prostitución, desde casas de acogida hasta programas de inserción laboral como se hace con las maltratadas. Pero no se trata de qué hacemos con ellas, sino de cómo paramos esta sangría que atenta a los más elementales derechos de las mujeres y para ello hay parar la demanda masculina, pues el dinero que sale de sus bolsillos mantiene el negocio. -¿Hay que desenmascarar a los hombres que acuden a la prostitución? -La identificación del cliente es un elemento esencial del sistema prostitucional y en esa línea han ido las campañas de Almería, Madrid y ahora Galicia: «Porque tu pagas existe la prostitución». No es una iniciativa singular de las mujeres, ni a las mujeres les gusta prostituirse. Naciones Unidas y el Consejo de Europa ya aconsejan en documentos firmados por España disuadir a los hombres de la compra de servicios sexuales ante alarmante crecimiento de la industria del sexo.