La UPL denunciará a Hidalgo por vulnerar su derecho de participación

Las vacaciones no han logrado rebajar la tensión política que atraviesa Villaquilambre desde hace meses. El último capítulo se escribió el pasado jueves, durante una sesión plenaria que se prolongó durante casi cinco horas y en la que UPL no pudo presentar una moción por decisión del alcalde, Miguel Hidalgo. Los leonesistas se quejan de que no es la primera vez que el regidor actúa «como un auténtico dictador», en opinión de la concejala Milagros Gordaliza, y aseguran que al impedir que el pleno abordara su moción, Hidalgo vulnera los derechos de participación de los ediles de UPL. De ahí que vayan a denunciar ante los tribunales al alcalde de Villaquilambre por impedirles supuestamente ejercer sus derechos y tener voz en algunos asuntos municipales. Recuerdan, como ejemplo, que el regidor también ha frustrado otra moción en la que solicitaban una comisión de control y que en varias ocasiones «hasta nos ha negado la palabra en un pleno», precisa Lázaro García Bayón. El cabeza de lista de UPL recuerda que los grupos políticos pueden presentar mociones por escrito o verbales, si se justifica la urgencia y se obtienen los votos suficientes. La secretaria municipal advirtió al alcalde de que UPL tenía derecho a someter a votación la moción, pero Hidalgo consideró que no procedía porque desconocía el contenido. Actitud dictatorial «Estamos acostumbrados a la actitud del alcalde, que siempre quiere demostrar que es dialogante, pero sólo acepta lo que dice él y cómo lo dice él. Hasta nos ha amenazado con sacar adelante algunos asuntos sin nuestro voto recurriendo a cualquier tipo de artimaña. Desprecia constantemente a la oposición y luego nos acusa de retrasar los proyectos que no nos deja ver», insiste Gordaliza. La denuncia será presentada a los tribunales por un gabinete de abogados internacional en los próximos días. Además, UPL tramitará en el registro una moción para solicitar un recorte de los salarios y dietas del equipo de gobierno, que siguen considerando «desproporcionados». Esa reducción se destinaría a financiar gastos de inversión que entienden «apremiantes», como la ejecución de la residencia de la tercera edad y el nuevo consultorio médico de Villarrodrigo, el acondicionamiento del centro de salud de la casa de cultura de Navatejera, el mobiliario de la casa de cultura de Villamoros y su mejora exterior.