La Junta podrá reservar suelo municipal para pisos de protección
La Junta de Castilla y León podrá delimitar las reservas de suelo municipal para viviendas de protección oficial en el caso de que se declare una «urgente necesidad» y a través de los planes y proyectos autonómicos. Así se recoge en la modificación del Reglamento de Urbanismo aprobada ayer por el Consejo de Gobierno. Según explicó la vicepresidenta primera y portavoz, María Jesús Ruiz, este extremo no será necesario en las capitales de provincia y los municipios más poblados, ya que cuentan con sus planes de ordenación urbana y, por tanto, con la obligada reserva de suelo para viviendas sociales. Sin embargo, sí podrá producirse en los municipios de menos de 1.000 habitantes. En la información facilitada tras la reunión del Consejo de Gobierno, la Junta destaca que el nuevo Reglamento incrementa la reserva obligatoria para viviendas protegidas, que se especifica según el tamaño de los diferentes municipios. De este modo, en los grandes ayuntamientos de la comunidad ésta deberá de ser del 10% en el suelo urbano no consolidado -los solares sin edificar-, del 20% en el suelo urbanizable delimitado y del 30% en el no delimitado. En el caso de los municipios mayores de 1.000 habitantes que no entren en la anterior categoría, la reserva será del 10 por ciento en el suelo urbanizable y del 30% en el no delimitado. Finalmente, para los ayuntamientos pequeños no se exige reserva. Además, en el texto se aclara la diferencia entresuelo urbanizable delimitado (el contiguo a los núcleos de población) y el no delimitado (el resto). También se contemplan varios ajustes en materia de planeamiento y se aumenta la autonomía municipal flexibilizando las densidades mínimas exigidas, con el objetivo de mantener el «carácter» de los pequeños municipios y conjuntos históricos. Entre otros aspectos, el Reglamento modifica el Decreto de Vivienda Joven, según explicó Ruiz, ya que se podrá destinar toda la reserva a este tipo de inmuebles y no el límite del 25% que se establecía hasta entonces. Esta modificación del Reglamento de Urbanismo obedece a los cambios incluidos en la Ley de Medidas Fiscales del año 2006 y tiene como objetivo incrementar la oferta de vivienda protegida. Consejo asesor Por otro lado, el Consejo de Gobierno también aprobó ayer el decreto por el que se crea el Consejo Asesor de Valoración Inmobiliaria de Castilla y León, un órgano colegiado de carácter consultivo y adscrito a la Consejería de Hacienda, cuyo principal objetivo es aumentar la seguridad jurídica del contribuyente respecto a la valoración con fines tributarios. Los datos facilitados señalan que en el año 2005 se presentaron 394.719 expedientes de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El Consejo estará formado por 13 vocales por un período de cuatro años, seis de sectores profesionales; otros seis representando a la Administración y un último del Consejo para la Defensa del Contribuyente de Castilla y León. El órgano será presidido por la consejera de Hacienda.