Diario de León

La reforma incluye Antibióticos y amplía la cuota de la azucarera

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El Gobierno aprobó este verano una modificación de la ley que regula los derechos de emisión de gases contaminantes de las empresas incluidas en el cumplimiento del Protocolo de Kioto, que en el caso de la provincia de León afecta por un lado a Antibióticos, que no estaba incluida en el listado aprobado a finales el 2004 y aparece ahora con una asignación de 42.851 toneladas para este año y el siguiente. La modificación sólo afecta a una de las instalaciones leonesas ya incluidas en el plan anterior, la Azucarera de La Bañeza, que para el actual ejercicio y para el 2007 recibe una ampliación anual de algo más de 18.000 toneladas en sus derechos de emisión. El próximo año concluye el primer Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Gases a las Industrias; mientras que el segundo plan, cuya propuesta presentó el Ministerio de Medio Ambiente también este verano, contempla los derechos de emisiones entre el 2008 y el 2012. La ampliación del ámbito de aplicación de las industrias afectadas por las asignaciones incluye como principales modificaciones la extensión del concepto de instalación de cogeneración a todas las instalaciones, con independencia del sector en el que den servicio; mientras que incluye una nueva tipología de instalaciones de combustión, que incluye a todas aquellas con una potencia térmica nominal superior a 20 megavatios. Se refiere a «todos los equipos que quemen cualquier tipo de combustible para la producción de electricidad, energía mecánica, fluido térmico (vapor, aceite, agua caliente) independientemente de su finalidad». El ministerio recuerda que, «dada la diversidad de los sectores industriales afectados, no se ha determinado una asignación sectorial, sino que se ha partido directamente del nivel de instalación individualizada». Los criterios seguidos para establecer la cuota de emisiones se refieren a la potencia térmica nominal de los dispositivos de combustión y los incrementos de capacidad de los años anteriores a la aplicación; o en su caso las emisiones históricas de las instalaciones ya asignadas para establecer su asignación definitiva.

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