La batalla política solapa asuntos como el futuro de los 70 empleos

El futuro de las aproximadamente 70 personas que trabajan en el Parque Nacional de Picos de Europa ha quedado solapado por la batalla política librada entre las autonomías, principalmente Castilla y León, y el Gobierno central. Las exigencias de los negociadores de las tres autonomías con territorio en el espacio protegido se centran exclusivamente en el dinero que debería aportar el Estado anualmente para facilitar el mantenimiento del parque. El traspaso de competencias, que debería ser efectivo antes del próximo mes de enero, quedaría compensado, desde el punto de vista de Castilla y León, con 4,5 millones de euros de inversiones al año, cuando el Estado sólo ofrece 1,6 millones. Esta propuesta económica no se ha movido desde que se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional, hará un año el próximo mes de noviembre. Este dictamen otorga a las autonomías la gestión de los parques nacionales.