Diario de León

Múgica: «En el medio ambiente nos jugamos el futuro del país»

Enrique Múgica participó en León en las Jornadas de Defensores del Pueblo.

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Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, que participó en León en las Jornadas de Defensores del Pueblo expresó en una rueda de prensa su preocupación por el creciente número de delitos e irregularidades ligadas al urbanismo en España, lo que vinculó en gran medida al hecho de que la construcción, unto al sector servicios, constituya actualmente el «pilar fundamental» de la economía nacional. «Eso requiere una dedicación enorme al medio ambiente, porque, si no, nos estamos jugando el futuro del país», reflexionó Múgica, quien alertó de que «la situación de España, en unas zonas más que en otras, no es precisamente alentadora». Enrique Múgica criticó la «salvaje irrupción» del urbanismo en el conjunto del país, si bien hizo especial hincapié en las «salvajadas» que, a su juicio, el sector de la construcción ha protagonizado en determinadas zonas del litoral español, «donde la situación es gravísima». Múgica se mostró partidario de reforzar los medios y recursos de los que dispone la Justicia, tanto los magistrados para hacer cumplir sus sentencias y resoluciones, como los fiscales, para investigar posibles delitos. «Se tienen que procurar medios importantes de los que está falta todavía la jurisdicción contencioso-administrativa», dijo Múgica, quien también reclamó un mayor apoyo de la Administración a los fiscales y, en particular, a la Fiscalía Anticorrupción. Esta circunstancia permitiría, según señaló Múgica, que el poder judicial actúe «con una mayor urgencia y una mayor exigencia» que en la actualidad, puesto que, en su opinión, otro de los retos pendientes en este campo es el acatamiento y la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales. Asimismo, apostó por un mayor protagonismo del Gobierno central en la regulación del sector urbanístico, ya que «un Estado democrático, una sociedad democrática, requiere un Estado con la suficiente fuerza como para proteger y amparar las buenas condiciones de vida de los ciudadanos».

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