Asegura que la gestión económica de la administración «compromete a futuras corporaciones»
La UPL advierte de que los acreedores del Ayuntamiento planean asociarse
Señala que los proveedores de menor volumen estudian la manera de poder presionar El consistorio rec
El ejemplo de Iberdrola, que amenazó durante las pasadas semanas con cortar la luz de las instalaciones municipales si no cobraba su deuda, ha abierto un camino por el que, según anunció ayer la UPL, podrían empezar a aventurarse los pequeños acreedores del Ayuntamiento, que «quieren agruparse o asociarse para ejercer medidas de presión con el fin de obtener el pago de sus facturas», advirtió la concejala leonesista Gema Cabezas, quien calificó la gestión económica del consistorio como «nefasta, que empeora la situación, falta de transparencia y que compromete a corporaciones futuras». Las flores con las que la edil de la UPL ofrendó al equipo de gobierno nacieron a raíz del análisis de las últimas declaraciones del alcalde. «Amilivia asegura que la deuda económica es un mal endémico y que su volumen es similar al de otros consistorios, pero eso no significa que la gestión deba ir por ese camino», señaló Cabezas, quien defendió nuevamente que «la situación que vive el Ayuntamiento es estructural y no puntual, como quieren hacer creer sus regidores». La concejala leonesista detalló que en los últimos documentos obtenidos, «después de solicitarlos por registro, que datan de 30 de septiembre, se establece que el Ayuntamiento todavía no ha recibido más que un 28% del capítulo de ingresos, aunque con la entrada de los 18 millones de euros del canon del aparcamiento de Hospitales, recién ingresados, se habrá incrementado». Este bajo porcentaje no se corresponde, según Cabezas, con «el capítulo de gastos, que ya presentada un 55% de ejecución». «La ineficacia del equipo de gobierno hace que haya obras que no puedan realizarse», afirmó la edil de la UPL. «Como no cumplen, escurren el bulto y se lo pasan a ejercicios futuros», examinó Cabezas, quien reseñó que «se han aprobado gastos plurianuales por 60 millones de euros, caso de la gestión integral de las riberas de los ríos Torío y Bernesga, donde de 42,5 millones anuales ya se ha hecho una modificación de un millón más».