Solbes ve «más que razonable» los 400 millones
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, consideró una cifra «más que razonable» la de los 400 millones de euros con los que se va a poner en marcha la Ley de Atención a la Dependencia, que ha entrado en vigor este año. En una entrevista concedida a la agencia estatal EFE, Pedro Solbes afirmó que esa partida va a permitir al sistema ser «eficiente» y funcionar «bien», aunque precisó que, «lógicamente, la velocidad de crucero no van a ser 400 millones de euros, será bastante más en su momento». Respecto a futuros incrementos, el ministro de Economía y Hacienda del Gobierno de España advirtió de que «hay que avanzar poco a poco», ya que lo importante es ser «muy eficiente» en la gestión de los recursos públicos que se destinen a atender a las personas dependientes. Si no se hace así, «podemos caer en la trampa de una mala utilización de esos recursos y, por lo tanto, en una critica fácil al sistema que se pone en marcha», avisó el vicepresidente del Ejecutivo central Pedro Solbes recordó que la financiación de los servicios de dependencia es «a tres bandas»: Estado, comunidades autónomas y el usuario. Sobre el usuario, consideró «razonable» que pague en función de sus propios recursos, «llámese pensiones, ventajas de otros tipos, ingresos propios o patrimonio». Según la Ley de Dependencia, el usuario que tenga recursos suficientes pagará como máximo en torno al 30 por ciento de la prestación. Para Solbes, la atención a la dependencia, el llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar, es «el reflejo de la sensibilidad de las sociedades de mayor nivel de riqueza a unas necesidades derivadas de problemas humanos muy claros, en parte consecuencia de enfermedades o dependencia en su sentido más amplio, y en parte derivada de envejecimiento». Por tanto, el ministro de Economía y Hacienda aseguró que «tiene sentido» que el Estado preste atención a esas personas, como ya se está haciendo en la mayor parte de los países europeos. En España, añadió Solbes en la entrevista, el problema es que no existía una financiación prevista «ad hoc». La Ley de Dependencia del Gobierno, impulsada por la leonesa Amparo Valcarce, entró en vigor con el estreno del presente año 2007.