Exigen tres años de cárcel para Victorino Alonso por delitos contra Hacienda

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial pasará vista oral hoy (10.00 horas, Palacio de Justicia) a la acusación que pesa sobre Victorino Alonso, presidente del consejo de administración de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) al que se imputa por tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública, en su calidad de administrador de la empresa de extracción de carbón Patra, según refieren las calificaciones provisionales del fiscal, que solicita una condena de tres años de prisión para Alonso, la misma pena para un segundo imputado, al que se considera también administrador de la compañía, y multas por valor de 844.000 euros cada uno, así como indemnizaciones por valor de 842.000 euros, a los que se sumarán los intereses de demora que correspondan. Sostiene el fiscal que en los ejercicios de 1993 y 1994, los dos imputados, ejercieron la administración de la empresa. A resultas de las declaraciones de IVA correspondientes, se detectaron supuestas anomalías contables significativas: «Servicios por 150.740.150 pesetas realizados en 1992 se facturan y contabilizan en 1993» se relata en las calificaciones provisionales. También se señalan «incongruencias entre el consumo de explosivos, según las facturas recibidas, y el estéril movido, de lo que resulta una mayor cantidad de carbón extraído que la declarada». El tercer apartado sostiene la presunta aparición de una indebida contabilización de determinadas operaciones de compra entre 1993 y 1994, que conllevan un tratamiento fiscal «inaceptable e intencionadamente perjudicial para la Hacienda Pública». Para la defensa, es inocente En lo que se refiere al año 1994, aparecen operaciones con Transova por importe de 295.024.712 pesetas, con un IVA de 44.253.707 pesetas. Las operaciones se amparan en un contrato privado «según los cuales,no se transmite la propiedad del carbón de Transova a Patra, sino que es una comisión de venta en nombre de un contrato estimatorio, no siendo aceptable fiscalmente la deducibilidad del IVA soportado». La cuota de estos supuestos fraudes asciende a 26.930.492 pesetas. La defensa sostiene que las actuaciones que se imputan sobre Victorino Alonso, no son constitutivas de delito, por lo que procede unicamente la libre absolución del empresario, con todos los pronunciamientos favorables y también la del otro hipotético administrador.