La fase de selección de candidatos previos ya está en marcha en la Audiencia Provincial
El juicio por el crimen de Astorga se celebrará en abril con jurado popular
El proceso tratará de esclarecer la muerte de una joven de 17 años, asesinada en agosto del 2005
La Audiencia Provincial de León ha iniciado los trámites para la selección del tribunal popular que entre finales de abril y principios de mayo de este año deberá juzgar a un joven de 20 años, imputado como principal acusado por la muerte de una adolescente de 17 años, cuyo cadáver fue hallado el 27 de agosto del 2005 en un barrio del extrarradio de Astorga, con un fortísimo golpe en la cabeza. La fase de selección se desarrollará durante los próximos meses, hasta elaborar un listado de entre veinte y veinticinco personas aproximadamente, que cumplan los perfiles señalados por la normativa vigente para poder formar parte del grupo de nueve miembros titulares y dos suplentes que se encargarán de administrar justicia durante la celebración de la vista oral. La fecha de celebración del juicio no ha sido señalada aún, pero a tenor de los trámites que se están siguiendo en la actualidad, se calcula que entre finales de abril y principios de mayo, podría estar listo para su desarrollo, si bien los habituales retrasos que surgen en este tipo de actividades, pueden demorar en cierta medida su celebración. Requisitos La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece en el artículo 8 los requisitos para formar parte del tribunal: ser español mayor de edad, encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido, y no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de jurado. Pueden alegar incapacidad para formar parte del órgano en cuestión los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido rehabilitación, los procesados y aquellos acusados que se hallasen en la fase de apertura de juicio oral y los detenidos o en situación de prisión provisional o cumpliendo pena por delito, así como los suspendidos, en procedimiento penal, de su empleo o cargo público, mientras dure la suspensión.
