El fallo, con condena a costas, rechaza que la suspensión perjudique los intereses públicos
La Justicia ratifica la paralización del aparcamiento de la Inmaculada
El Tribunal Superior de Justicia exhorta al consistorio a «velar por el medio ambiente» El alcalde

Varias manfestaciones han reclamado la anulación del proyecto
El resultado del recurso interpuesto por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), para solicitar que se levantase la suspensión cautelar de las obras del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Inmaculada, deja el escenario sin que se mueva una sola piedra, pero añade consideraciones para que la adjudicataria no pueda iniciar el proyecto sin contar antes con la licencia ambiental, con la condena al pago de las costas al consistorio como bordón. Los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo de la máxima instancia a nivel autonómico recalcan que, según establece el artículo 45 de la Constitución, el derecho al medio ambiente «no es una norma programática ni un pío deseo cuya eficacia deba quedar al albur de las convicciones ecologistas o no de los titulares de los poderes públicos», a quienes recuerda que «tienen el deber de velar por su efectivo ejercicio», para lo que les exhorta a «proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente». Estas prescripciones hacen que el TSJCyL desbarate el argumento de lesión del bien municipal, porque «no cabe argüir con éxito que la suspensión acordada perjudica los intereses públicos, entre otras razones porque la salvaguarda de éstos ha de hacerse dentro de la legalidad vigente y no cabe invocar tales intereses en contra de lo dispuesto en la concreta normativa que resulta de aplicación». En los fundamentos de derecho de la sentencia se señala que «una cosa es que las obras públicas o los actos promovidos por un ayuntamiento, en su propio término municipal, no requieran licencia urbanística y, otra muy distinta, que las actuaciones de entre aquellas que precisen de licencia ambiental o de actividad no sigan el régimen sobre intervención en el uso del suelo contemplado en la Ley de Urbanismo de Castilla y León». «Esto consolida muy seriamente nuestras expectativas», afirmó ayer el abogado de la asociación de comerciantes, profesionales y vecinos de la plaza, Carlos González-Antón, quien espera que el procedimiento interpuesto contra el anteproyecto siga el mismo curso que el fallado a su favor por la licencia ambiental.