Castilla y León quiere que se tenga en cuenta la aportación de los inmigrantes al Estado

La simulación de un nuevo modelo de financiación aportada por la Universidad de Valladolid introduce una nueva reflexión sobre el impacto de la población inmigrante. Hasta ahora, el debate sobre los efectos de la inmigración en las finanzas autonómicas se había centrado, de forma preferente, en la incidencia que este colectivo tiene en las necesidades de financiación. Sin embargo, la Junta quiere que el nuevo modelo considere la capacidad contributiva de la población inmigrante, puesto que considera que aporta más al sistema de lo que realmente exige. Según el estudio, la contribución relativa de los inmigrantes por IRPF es la más reducida de todos los impuestos y su distribución por comunidades autónomas no está correlacionada con su nivel de desarollo económico, medido a través de su PIB por habitante. Los analistas estudiaron impuestos como el IVA y otros tributos especiales y se concluyó que las contribuciones de los inmigrantes a estos impuestos son «muy superiores» a las del IRPF y similares a las de los ciudadanos de cada comunidad autónoma. Ya son motor de desarrollo Por otro lado, los resultados del informe también ponen de manifiesto las fuertes diferencias existentes entre la capacidad contributiva de los inmigrantes de las distintas autonomías. El análisis ha detectado una relación positiva entre el desarrollo económico de las autonomías y la contribución impositiva de los inmigrantes residentes en cada una de ellas. Según la estadística de inmigración cerrada en diciembre del año pasado, Castilla y León fue la comunidad autónoma donde más creció la afiliación de inmigrantes a la Seguridad Social, un 20,3%. Su presencia supone ya el 5,7% de la población ocupada. En las nueve provincias se encuentran viviendo un total de 54.598 personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanos y del Este europeo.