Europa obligará al porcentaje mínimo del 10% en la mezcla de biocarburantes

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete acordarán previsiblemente, en la cumbre que empieza hoy, un porcentaje mínimo obligatorio del 10% de utilización de bio-carburantes (obtenidos de biomasa o materias agrícolas), en el consumo total de carburantes en el transporte en 2020. Los líderes de la UE darán el visto bueno, casi con toda seguridad, a medidas como el establecimiento de ese objetivo vinculante mínimo de uso de bio-combustibles, dentro del consumo global de gasolina y gasóleo de transporte en 2020. No obstante, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se reúnen mañana y el viernes, deben decidir si el porcentaje se refiere al conjunto de la Unión o debe aplicarse en cada uno de los países miembros. Los Veintisiete quieren sacar adelante en la cumbre que empieza hoy un ambicioso plan de acción de política energética para Europa, que tiene sus puntos más polémicos en la obligatoriedad de las energías renovables y la posible partición de los grandes monopolios. Las propuestas de la Comisión Europea en estas dos cuestiones no han logrado el consenso necesario en los consejos de ministros de Energía y Exteriores, que han dejado en manos de los máximos mandatarios la responsabilidad última, entre otros asuntos sobre: - Fijar un objetivo vinculante del 20% de energías renovables en el consumo total de energía en 2020. Están a favor de la obligatoriedad España, Alemania, Reino Unido, Suecia y Dinamarca. Hasta el momento se han mostrado partidarios de un porcentaje meramente indicativo Francia, Rumanía, Grecia, Polonia y los países bálticos. Además Francia quiere que se reconozca el papel de la energía nuclear para reducir las emisiones de CO2. Entre los asuntos que los jefes de Estados y de Gobierno de la UE aprobarán, casi con toda seguridad figura: La reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020 en comparación con 1990. Este porcentaje llegará al 30% si otros países ricos se comprometen a reducciones comparables y los que están en desarrollo colaboran en este objetivo en un acuerdo global y completo a partir de 2012, fecha en que expira el Protocolo de Kioto. Además de los asuntos energéticos, los jefes de Estado y de Gobierno tratarán sobre los objetivos económicos de la Agenda de Lisboa, con consenso en todos sus puntos, y sobre la iniciativa para reducir la carga burocrática de las empresas. En este ámbito, darán su visto bueno a varias medidas: Reiterarán el objetivo de destinar el 3% del PIB a actividades de I+D+I en 2010. Reducirán al 1% el porcentaje de directivas comunitarias sobre mercado interior pendientes de trasponer a cada legislación nacional, desde el 1,2% actual. Acordarán rebajar en un 25% las cargas administrativas derivadas de la legislación comunitaria antes de 2012. Cada estado miembro deberá marcar sus objetivos al respecto antes de 2008, para aplicar la estrategia en su país.