La Junta asumirá la tarea de inspección y control de todos los centros infantiles

La voz de alarma saltaba hace unos días cuando un programa de televisión denunciaba los malos tratos físicos y psíquicos que, de la manera más escabrosa que se puede imaginar, se estaban infringiendo a niños pequeños en un centro infantil de la comunidad de Madrid. El control e inspección de este tipo de instalaciones recae en la administración autonómica sólo si se trata de centros infantiles de carácter educativo, mientras que las inspecciones son de tipo municipal ordinario si se trata de lo que comúnmente se conoce como guarderías, ya sean privadas o dependientes de los ayuntamientos. Según explica el director general de Familia de la Junta, José Antonio Bermejo, esta situación va a cambiar muy pronto en Castilla y León gracias a la nueva Ley de Medidas de Apoyo a las Familias, recientemente aprobada en el Parlamento autonómico. En virtud de esta normativa, la comunidad será la primera en asumir las competencias para la autorización, control e inspección de todos los centros infantiles, distinguiendo entre los centros de carácter educativo, que dependen de la Junta, y los no educativos de cero a tres años, entre los que se encuentran las antiguas guarderías, las ludotecas, los centros de ocio para niños, los centros infantiles en pueblos, etc. Actualmente, la Junta de Castilla y León, a través de las Consejerías de Sanidad y Educación, controla e inspecciona, tanto para su autorización como para su funcionamiento, todos los centros educativos infantiles de la comunidad, 29 de los cuales son de titularidad autonómica y el resto municipales. Vacío legal Una vez que se desarrolle la Ley de Apoyo a las Familias de Castilla y León se establecerán las normas de seguridad que permitan adaptar el resto de centros a lo que desde hace tiempo marcan las leyes educativas a nivel nacional pero que actualmente no se cumple. «La Junta de Castilla y León va a ser pionera en la asunción de las tareas de control e inspección de todos estos centros, algo que por otro lado era necesario y por lo que ya se están interesando otras comunidades como Cataluña», explicó Martínez Bermejo. El reciente caso de maltrato a los menores descubierto en una guardería madrileña el pasado mes de febrero, en el que un programa de televisión sacó a la luz escalofriantes imágenes de malos tratos a los pequeños ha reabierto el debate en la sociedad sobre los mecanismos de control para estos centros por parte de las administraciones públicas. Algunas asociaciones de padres ya han alzado sus voces para exigir a las autoridades mayor número de inspecciones a los centros de educación infantil y, especialmente, a las guarderías de carácter privado, pidiendo que se regulen con más rigidez y que, incluso, se obliguen a colocar cámaras de vídeo en los centros para que los padres puedan inspeccionar las cintas y prevenir este tipo de sucesos. Incluso ya existen centros que disponen de cámaras web en las que los progenitores pueden acceder on line y en tiempo real a las guarderías para controlar lo que están haciendo sus hijos en los centros.