León se puede quedar sin luz, correos, bus y gas en las escuelas por impagos

La tan manida cuesta se le adelanta al Ayuntamiento al mes de diciembre, sin que enero tenga mejor pinta. Iberdrola, Correos, la concesionaria del autobús urbano, y la empresa que suministra el gasóleo para la calefacción de las guarderías, los colegios y las instalaciones públicas han mostrado su disposición a cortar sus servicios si no se les abona la deuda acumulada, que suma casi 3 millones de euros. Una cantidad que engordan los impagos a la sociedad que gestiona la regulación semafórica, la limpieza, y los teléfonos móviles, además de las cantidades pendientes con los consorcios del aeropuerto y el Patronato Provincial de Turismo. La urgencia se remata con falta de consignación presupuestaria para afrontar el pago de las nóminas en diciembre: 4 millones de euros de agujero por contener. Diez muestras de una deuda total que «ronda los 200 millones de euros», según calculó el edil de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo, quien declaró que «cualquier empresa en una situación así estaría ya en un juzgado liquidando». El concejal socialista, junto a su compañero Ibán García del Blanco, expuso los «datos objetivos» como contestación a las acusaciones del grupo municipal popular. «Hemos sido extremadamente prudentes a la hora de atacar el problema, hasta ahora, no hemos señalado culpables, ni siquiera a aquellos que gobernaron el Ayuntamiento durante veintitantos años», aseguraron los ediles del PSOE, quienes aclararon que «cuando se presentó el Plan de Salvación» pensaron que «quien había creado la situación sabría estar en su sitio si le importaba el futuro de León». Contravenida esta suposición, Fernández Cardo cargó en el debe del PP que «haya multitud de empresas que se niegan a prestar servicios al Ayuntamiento», a la vez que citó la «situación crítica» de algunos de los acreedores, como la empresa de autobuses urbanos, que ha enviado una carta al consistorio en la que detalla que debido a la deuda «un desequilibrio patrimonial que puede hacer peligrar la viabilidad y continuidad del servicio», al que no se han abonado las actualizaciones de los años 2005 y 1006, previas al nuevo contrato que entró en vigor este año. Un paso más allá de estas empresas se encuentran los «14 millones de euros de impagos reclamados en el contencioso» -de los que 12 pertenecen a la concesionaria de limpieza, que acumula un total de 34 millones de euros de deuda- a lo que habrá que «sumar los interese y las costas». Con esta radiografía en la mano, el edil de Hacienda defendió las medidas adoptadas en el Plan de Salvación, como la subida de un 27% del IBI, que «son imprescindibles y no fruto de la improvisación como sucedía antes con el PP»; un documento gracias al cual «hay entidades financieras que no querían ni oír hablar del Ayuntamiento y ahora se han sentado a renegociar las deudas». «¿Qué pagaron ellos y a quién? Tendrían que dar una explicación», reclamó García del Blanco, quien acusó a «aquel que ha quebrado la empresa de querer encabezar ahora la reclamación de los damnificados».