Las denuncias de no renovados le podrían costar 1,8 millones a León

La muestra todavía no es «significativa», explican en el comité de empresa del Ayuntamiento, que augura que las tres reclamaciones presentadas hasta el momento por la no renovación de los 114 trabajadores el 31 de diciembre serán «cerca de un centenar cuando finalice el plazo», que establece 20 días hábiles y se cierra a finales de este mes. Hasta entonces, hoy se afronta una nueva reunión entre los representantes laborales y el equipo de gobierno, en la que el enquistamiento de las posiciones puede terminar en un endurecimiento de las protestas. «Deben de contestar a las dos propuestas hechas: la creación de una brigada de 4 personas rotatoria entre la veintena de personas que cumplen 60 años y más en este ejercicio, y el planteamiento de una bolsa preferente de trabajo con el resto de afectados para nutrir a la empresa que se haga cargo de la privatización del servicio de Parques y Jardines», recuerda el concejal de Régimen Interior, Ibán García del Blanco. «Si nos van a contar sólo eso, no sé si habrá más encuentros. Quizá sea hora de hacer caso a los que piden que nos encerremos», advierte el líder de la agrupación sindical, Juan Miguel Martínez. Con los dos interlocutores enzarzados en el tú a tú, el camino apunta cada vez con más certidumbre a los juzgados, donde desembocarán las reclamaciones que deniegue el Ayuntamiento y se expondrá a criterio del juez el presunto fraude de ley cometido por la administración municipal. «El Ayuntamiento ha mantenido con contratos de un año por obra y servicios durante, en algunos casos, 15 años, a los trabajadores sin hacerles fijos», argumenta Martínez, convencido de que «hay casos precedentes que ya han sido atendidos y por los cuales el consistorio ha tenido que pagar bastante dinero». El calificativo «bastante» se materializa en «1,8 millones de euros como máximo», según los cálculos que ha hecho el edil de Personal, quien mantiene que sólo se llegaría a esta cifra «en el peor de los casos, es decir, si el juez estima que puede darse fraude de ley y les concede los 45 días por año trabajado a todos los trabajadores afectados»: los 114 no renovados el 31 de diciembre y los 21 a mayores que dejarán de formar parte de la nómina municipal el 31 de marzo, cuando se privatice el servicio de Parques y Jardines. La estimación es un horizonte «previsto por si acaso», pero no que se toma como ineludible por parte de García del Blanco, que puntualiza que «habrá que demostrar si existe el fraude» y se tendrá que analizar «cada uno de los casos, porque no es lo mismo quien lleva un año que quien lleva 15»; además de que señala que los 1,8 millones de euros serían asumibles si se tiene en cuenta que «el coste anual de la plantilla de Jardines es de dos millones de euros». Antes de plantarse en este escenario, el concejal socialista avanza que, ante la negativa anunciada por el comité de empresa a sus propuestas, tomará dos decisiones. A la veintena de trabajadores que están en disposición de acogerse a la «medida social» para formar parte de la brigada multiusos -que trabajarán en turnos de cuatro meses para no perder hasta un 7% de su base de cotización antes de jubilarse- «se les propondrá de manera individual si aceptan»; mientras que al resto de personal «se tomará como respuesta unitaria» la que aporten los sindicatos y no se desarrollará la creación de la bolsa preferente para que surtan a la empresa concesionaria del servicio.