Los sindicatos creen que poner al día los juicios suspendidos exigirá «seis meses»

Las centrales sindicales leonesas convocantes de la huelga de funcionarios del Ministerio de Justicia apuntaron ayer que el plazo que se estima necesario para que las unidades judiciales de la provincia recuperen la normalidad tras nueve jornadas de huelga es de aproximadamente seis meses, según informan en un comunicado remitido a los medios informativos, en el que dieron cuenta ayer de las actividades de la novena jornada del conflicto. «Yo creo que esto puede tardar en ponerse al día ocho o nueve meses», apuntó por la mañana María Jesús Rodríguez (UGT) en el transcurso de la concentración pacífica convocada a las puertas de la Audiencia Provincial. «Esta huelga la vamos a ganar», manifestó convencido Javier Fuente (CC.OO.) tras informar a los huelguistas de la marcha de sus reivindicaciones. Fabricio Gómez (CSI-CSIF) hizo votos «para que todo esto siga adelante con más fuerza, porque es ahora cuando tenemos que demostrar que estamos más unidos que nunca». Los sindicatos anuncian una reunión para hoy (11.30 juzgados de León) con el secretario de Estado de Justicia, el canario Julio Pérez, que acude a la capital para presentar a las 12.00 Lexnet y posteriormente impondrá la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort al decano de los jueces de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Los sindicatos califican de «multitudinaria» la manifestación del pasado miércoles en Madrid y hablan de cerca de 300 juicios suspendidos y mñas de 3.000 actos de comunicación aplazados sólo en la capital. «De todo esto solamente es responsable la 'tozudez' y esta sí que termina en Z del Ministerio de Justicia y acabará sólo cuando se siente en una mesa con una propuesta asumible por los trabajadores. El delegado de Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo lamentó el «déficit» histórico en materia de Justicia en la comunidad, que reconoció La Junta hace cuatro años, sin que llegara a un acuerdo sobre el traspaso de competencias con la Administración central, entonces gestionada por el PP.