Los funcionarios de Justicia abogan por medidas de huelga más radicales en una asamblea multitudinaria
Un funcionario toma la palabra, en una foto de archivo de una asamblea
Los funcionarios de la Administración de Justicia en León dependientes del ministerio homónimo decidieron en una asamblea multitudinaria celebrada ayer radicalizar al máximo las medidas de presión que adoptarán a partir de hoy, a la vista de la escasa capacidad de negociación que desde su punto de vista está demostrando el Gobierno en la huelga que mantienen desde hace tres semanas. Demandan la equiparación salarial con los compañeros que trabajan en las comunidades autónomas en las que las competencias en materia de Justicia ya han sido transferidas, que por realizar la misma labor pueden llegar a cobrar hasta 280 euros más al mes. «A las tres cosas que exigíamos, tendremos que añadirle otra más. Queremos 200 euros más al mes de subida como mínimo, que firmen garantías de que pagarán igual aunque se realicen las transferencias, que se acorten los plazos al máximo y como no están teniendo ninguna transigencia con nosotros, que se comprometan a no deducirnos de la próxima nómina los días de huelga», explicó Javier Fuente (CC.OO.) en nombre de los sindicatos convocantes. «Mandan a negociar a gente que ni siquiera tiene capacidad negociadora y es una tomadura de pelo». Los funcionarios, reunidos desde las 9.00 de la mañana en una de las asambleas más multitudinarias que se recuerdan estos días, propusieron adoptar medidas más radicales «que salgan ya fuera de los Juzgados, porque está claro que aquí no nos hacen caso. Hay que salir a la calle». Apoyo de los jueces Las secciones territoriales de las Asociaciones de Jueces Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, emitieron ayer un comunicado en el que «manifiestan su comprensión por las reivindicaciones de los funcionarios de Justicia, que consideran justas en su contenido, esperando que el Ministerio de Justicia atienda dichas peticiones; y que con ello se ponga fin a la huelga, dadas las disfunciones que causa en la administración de Justicia de Castilla y León y las molestias sufridas por los ciudadanos».