Los funcionarios de Justicia rechazan sus tarjetas «Lexnet» como protesta

Alrededor de un centenar de funcionarios de Justicia de León escenificaron ayer, en el marco de la protesta que secundan desde hace un mes, su malestar con el Gobierno renunciando a las tarjetas especiales que les autorizan a transmitir notificaciones judiciales a través de Internet. Este grupo de trabajadores leoneses acudió a la Gerencia Territorial de Justicia, donde entregaron sus «tarjetas criptográficas», un sistema existente con carácter pionero en León de futura implantación en todo el país que permite agilizar las comunicaciones entre los juzgados y los abogados y procuradores. El coordinador autonómico del área de Justicia de Comisiones Obreras, Javier Fuente, ha atribuido esta decisión al malestar existente entre el funcionariado por unas recientes declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en las que señalaba la necesidad de que este colectivo laboral se adaptara al uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de su profesión. Críticas «Es intolerable que el ministro diga que todavía tenemos que aprender, además de que no cumplimos con nuestros horarios», ha dicho a Efe este sindicalista en torno a las palabras del titular de Justicia, quien también criticó el fenómeno del «absentismo laboral» que se registra en este ámbito laboral. Según ironizó Fuente, «sería una temeridad mantener estas tarjetas en nuestro poder, porque, como dice el ministro, todavía nos falta aprender, aún no se nos ha formado y, por si fuera poco, tampoco cumplimos nuestros horarios». El empleo de estas tarjetas da acceso, desde hace años, a los funcionarios leoneses al sistema de notificación telemática de sentencias vía Internet, que, bajo el nombre de Lexnet , el Ministerio de Justicia ha comenzado en los últimos meses a extender al resto de los partidos judiciales del país. Tras exigir una rectificación pública del ministro del Justicia, el representante de Comisiones Obreras ha desacreditado las últimas ofertas de acuerdo planteadas por su departamento para tratar de poner fin a la huelga iniciada por los trabajadores de aquellas comunidades en las que estas competencias aún están gestionadas por los gobiernos autonómicos, como Castilla y León.