El juzgado dicta los dos primeros despidos improcedentes a personal de Jardines

Repartidas entre los tres juzgados de lo Social de León, las demandas de los trabajadores no renovados el pasado 31 de diciembre por el Ayuntamiento, la gran mayoría del servicio de Parques y Jardines, empiezan a encontrar sentencia. Las dos primeras -dictadas ayer por el juzgado número 1, cuyo titular es el magistrado Jaime de Lamo Rubio- resuelven los casos de dos peones como «despido improcedente» y conceden a la administración municipal - al margen del recurso de suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León- dos caminos, que valora ahora: la reincorporación de los demandantes o el pago de las indemnizaciones, que suman casi 30.000 euros; además de que concede el derecho al cobro de los salarios de tramitación: alrededor de 50 euros, en función de las peculiaridades de cada demanda, por cada día desde que se extinguió la relación contractual. Las dos muestras avanzan el listado de cerca de 80 sentencias que llegarán en las próximas semanas al consistorio, cuyos rectores calculan ahora -a la vista del porcentaje total de los 114 trabajadores no renovados a finales del 2007 que han demandado- que el coste de las indemnizaciones puede rondar el millón de euros y no los 1,8 millones que se estimó en un principio. Un montante asumible, como reconoce el concejal de Régimen Interior, Ibán García del Blanco, si se compara con «los dos millones de euros que cuesta al año el servicio de Parques y Jardines», que será privatizado. Paso a indefinidos El camino abierto por las sentencias del juzgado de lo Social número 1 asienta que las contrataciones deben «reputarse fraudulentas» debido a que «en la ejecución del contrato las funciones desarrolladas no se han atenido a la obra que se fijó como objeto del mismo, sino que se ha destinado al trabajador a la realización de actividades normales y permanentes de la empresa», por lo que, «al desaparecer la causa que justifica la temporalidad en dicha modalidad de contratación, la relación se convierte en indefinida», que «no fija». Una mecánica que, con variaciones temporales y de modo, se repite en casi todos los demandantes, que fueron renovados de manera periódica con diversos contratos por obra y servicios, pero que, en contra de lo legislado en el Estatuto de los Trabajadores, no fueron «convertidos en indefinidos», como debe suceder cuando estén «sometidos a una cadena de contratos temporales lícitos con una duración continua o discontinua de 24 meses dentro de 30 meses». El magistrado De Lamo Rubio acude al «Caso Adeneler», dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 4 de julio del 2006, para afirmar que «la disposición nacional que únicamente considera sucesivos los contratos separados por un intervalo máximo de 20 días no sólo compromete el objeto, la finalidad y el efecto útil de dicha cláusula, sino que entraña el riesgo de permitir que los empresarios utilicen abusivamente este tipo de contratos», lo que sirve para considerar que «se rompe la cadena de contratos temporales y, por tanto, la unidad esencial del vínculo laboral, cuando se aprecien interrupciones superiores a seis meses, entre la finalización de un contrato y el comienzo de otro». Esta jurisprudencia evita el argumento del consistorio para rebajar la antigüedad -que data del 2000 y 2002 en los casos juzgados- gracias a los periodos en los que los trabajadores quedaban fuera de nómina, y aporta un pilar para futuros casos. El lunes, reunión El avance judicial del conflicto concede un nuevo punto a la reunión que mantendrán con el Ayuntamiento, el próximo lunes, día 24 de marzo, los representantes sindicales -uno por cada fuerza con representación- para intentar llegar a un acuerdo, no sólo sobre los no renovados, sino también sobre las 24 amortizaciones de plazas y las posibles privatizaciones.