Un teléfono sin caladas

Más de 50 personas recurrieron cada mes en los últimos tres años al teléfono de atención al fumador de la Junta, un hábito que descendió en la Comunidad un 12,4% en diez años. En concreto, el teléfono (901 305 030), impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Comisionado Regional para la Droga, recibió desde que se implantó, en marzo de 2005, un total 1.896 llamadas. La mayoría de éstas, en el 40,5%, implicó algún tipo de intervención para dejar de fumar o mantenerse sin hacerlo. El resto de las llamadas correspondió a población que requería consejos anti-tabaco (575 llamadas, un 30,2%); un 11,4% (215 llamadas) fueron fumadores que demandaban ayuda y que estaban lo suficientemente motivados como para iniciar un tratamiento a través de la propia línea, mientras que en un 10,2% de los casos (194) las consultas se centraron en materia de legislación. Cabe destacar que de los tratamientos instaurados, el 47,3% se realizó a través de llamadas por iniciativa propia de un fumador que demandaba apoyo terapéutico; el 43,3% supuso el inicio de una consulta presencial en la que los profesionales de la línea realizan la evaluación diagnóstica y motivación del fumador para seguir a continuación por teléfono con el protocolo terapéutico establecido, y el 9,3» restante se correspondió con un seguimiento protocolizado a través de la línea. Por provincias De las 1.896 llamadas, el 56,4% se realizó desde el medio rural; un 35,6%, desde núcleos urbanos y el 8% restante se realizó desde núcleos semiurbanos. Por provincias, la mayoría se registró en la de Valladolid (560 llamadas, el 29,5% del total), seguida por León (15,5%, con 293 llamadas) y Burgos (12,1%, con 229 llamadas). Donde menor demanda hubo fue en la provincia de Soria (tan sólo 36 llamadas en los tres años, un 1,9») y en Ávila (96 llamadas, un 5,1%). El teléfono de atención al fumador tiene una doble función. Por un lado, ser un instrumento de información para conocer los recursos asistenciales de los que dispone la comunidad autónoma, así como la legislación vigente, y, por otro, desempeñar una asistencial para aquellos que por diversas razones no puedan o no quieran acudir a tratamientos presenciales.