Los funcionarios de Justicia organizan una procesión que acabará en Botines

Los funcionarios de la administración de Justicia de León dependientes del ministerio han convocado para esta tarde una «vigilia» y posterior procesión que arrancará a las 20.30 horas desde los juzgados de Sáez de Miera para concluir en las inmediaciones del Palacio de Botines, con el objeto de protestar por la discriminación salarial que desde su punto de vista se produce entre los trabajadores de las comunidades autónomas en las que las transferencias en materia de Justicia ya han sido transferidas y la de Castilla y León, donde por realizar el mismo trabajo se cobra una media de 200 euros mensuales menos. La huelga convocada por cinco centrales sindicales va camino de los dos meses de duración. «De momento, todo está igual, no hay cambios» afirmó Javier Fuente, representante de CC.OO. y portavoz de los huelguistas ante los medios de comunicación. El PP se une a la protesta El Grupo Popular de las Cortes de Castilla y León llevará al próximo Pleno autonómico una propuesta para exigir al Ministerio de Justicia que solucione la actual huelga de funcionarios, después de más de un mes de paralización de los juzgados en la comunidad. Para ello, debería «mantener las reuniones que sean necesarias para facilitar mediante el diálogo el final de la huelga», según anunció ayer el portavoz de los populares en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, quien lamentó la «desaparición» del que aún es ministro de justicia, Mariano Fernández Bermejo. El PP también propondrá en el Hemiciclo que el Ministerio de Justicia «formule cuanto antes un plan urgente que permita regularizar el atraso que la huelga ha provocado en cuanto ésta se solucione», concluyó Carriedo. Además, se mostró convencido de que el Partido Socialista apoyará la proposición ya que «es de justicia que se solicite el fin de la huelga». El balance que la huelga de funcionarios de justicia está dejando en Castilla y León será complicado y costoso de solucionar tanto en lo temporal como en lo económico. Desde el PP autonómico se calcula que el porcentaje de juicios suspendidos roza el 75%, lo que supone que tres de cada cuatro citas con la justicia han sido aplazadas. De hecho, Fernández Carriedo aseguró que aunque el parón se solucionara de forma inmediata, «se tardaría más de un año en volver a la normalidad» pudiendo tener efectos notables «durante toda la legislatura». En total, hay más de 30.000 afectados en toda la comunidad y más de 100.000 en toda España según datos del propio grupo popular, ya que el Ministerio de Justicia no ha facilitado aún números oficiales, según indicó Carriedo. La futura transferencia de competencias en materia de justicia, que el gobierno autonómico esperaba para esta legislatura, se ve seriamente condicionada por la huelga. Según Carriedo «recibiríamos unas competencias condicionadas por la insuficiente cantidad de dinero que el Gobierno ofrece para su gestión y además tendríamos la obligación de homologar el personal de justicia con el de otras comunidades autónomas.» La solución pasa, según el propio portavoz, por un cambio de actitud del ministro Bermejo, quien, aseguró, «no está haciendo los deberes» y «sólo ha aparecido para llamar vagos a los funcionarios».