UGT critica a la Junta por retrasar hasta hace una semana el pago a los dependientes

«Teníamos deseos de que pasaran las elecciones generales porque habíamos observado que ciertas comunidades, no sólo Castilla y León, estaban poniendo obstáculos a la Ley de Dependencia para hacer una confrontación política», así lo afirma la responsable de los Servicios Sociales de UGT en Castilla y León, Concepción Ramos, que asegura que sólo 90 de los 20.000 grandes dependientes de la comunidad que tienen derecho a la prestación económica de la Ley han empezado a recibir las ayudas la semana pasada. «La Junta también tiene prestaciones concedidas a 1.064 dependientes que están en las residencias, pero éstos ya estaban atendidos y por lo tanto estamos hablando de 90 nuevas prestaciones en toda la comunidad». Según los datos del Imserso que maneja el sindicato - «y que no coinciden con los que maneja la Junta», dice Ramos- en Castilla y León hay 194.000 personas dependientes -la Junta reconoce a 78.000- de los que al menos 100.000 tienen derecho a las prestaciones que marca la Ley y de ésos, 20.000 son grandes dependientes «que ya deberían estar atendidos», según el sindicato, que destaca que en la comunidad hay 545.000 personas mayores de 65 años, «otro dato más para preocuparnos», dice Ramos. Hasta el 5 de febrero se habían presentado en Castilla y León 23.570 solicitudes para recibir la prestación económica -5.248 en León-, de las que estaban revisadas 20.879, valoradas, 18.310, con resolución 6.594, con 1.064 prestaciones concedidas a los centros y residencia y sólo 90 prestaciones económicas. «Estamos haciendo un seguimiento de la gente que conocemos y todavía no han recibido absolutamente nada». Mesa de diálogo Para avanzar en la aplicación de la Ley el sindicato propone que se abra la mesa del diálogo social «y empecemos a negociar». UGT quiere poner sobre la mesa otra alternativa para aplicar la Ley, con la puesta en funcionamiento de un equipo multidisciplinar constituido por psicólogos, médicos, enfermeros y trabajadores sociales. «Los médicos de Atención Primaria están saturados y las valoraciones se retrasan», dice Concha Ramos, que pone como ejemplo a Cantabria que desde el 2005 tiene en funcionamiento los equipos multidisciplinares «y ahora tiene a todos sus grandes dependientes atendidos, como Asturias y Andalucía». UGT quiere que en el diálogo social se sienten las consejerías de empleo, sanidad y educación «porque la aplicación de la Ley trae como consecuencia la aparición de nuevas titulaciones académicas». Ramos destaca que más del 21% de las personas mayores de la comunidad viven solas y casi la mitad están a cargo de una persona que ejerce de cuidadora -en su mayoría mujeres-. Según el Imserso, el 75% de las viviendas no reúnen las condiciones y carecen de servicios básicos, «lo que hemos visualizado con la Ley es que no tenemos una red de servicios públicos, es una comunidad que tendrá que ponerse las pilas más temprano que tarde para desarrollar la Ley de Dependencia porque los ciudadanos van a exigir las prestaciones que tienen ya en otras comunidades». PROVINCIA DEPENDIENTES GRANDES DEPENDIENTES Ávila 7.240 1.449 Burgos 13.637 2.677 León 20.772 4.081 Palencia 6.974 1.381 Salamanca 17.367 2.848 Segovia 6.193 1.294 Soria 4.256 870 Valladolid 16.650 3.135 Zamora 9.428 1.895