Trabajo sanciona a 89 empresas de León por explotar a inmigrantes

La Inspección Provincial de Trabajo detectó el año pasado 89 infracciones cometidas por empresarios leoneses al contratar de forma irregular a extranjeros, cuatro de las cuales fueron cometidas por inmigrantes que decían trabajar como autónomos, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La presión para combatir el fraude a la Seguridad Social -los casos mayoritarios se refieren a empresarios que no llegan a cotizar por el empleado o que pactan no darle de alta- se ha mantenido en los últimos años con unos resultados similares, puesto que desde el 2004 el número de multas se ha mantenido en torno a las 80 por año. Anteriormente a esa fecha las empresas infractoras eran la mitad, según revela la estadística histórica del ministerio. El pasado año tuvo especial relevancia la campaña de inspecciones llevada a cabo durante el último trimestre, enfocada a detectar anomalías en materia de economía irregular y trabajo de extranjeros, especialmente en las actividades o sectores que acuden a los temporeros. Las indagaciones se centraron, principalmente, en la vendimia, la construcción y la hostelería. El avance de los resultados facilitado por el ministerio revela que, entre octubre y diciembre del 2007, la Inspección Provincial de Trabajo recibió 1.181 órdenes de servicio -se trata de la orden inicial que recibe el inspector para iniciar un expediente- que finalmente dieron lugar a un total de 2.605 actuaciones, entre las que se cuentan visitas a los centros de trabajo, comprobación de los papeles entregados por el empresario y los empleados, etcétera. Sanción de 142.000 euros En este plazo se detectaron 23 infracciones que afectaron a otros tantos extranjeros sin permiso de trabajo y que en el momento de la inspección hacían labores remuneradas. El importe de las sanciones impuestas ascendió a 142.572 euros y provocó la emisión de siete requerimientos contra inmigrantes. La desprotección que supone para el empleado trabajar sin documentos suele implicar sueldos bajos y jornadas laborales al arbitrio de la empresa. Desde la Administración se subraya que León no tiene un «problema grave» de economía sumergida en comparación con regiones como Murcia. La prueba más visible está en la vendimia, especialmente controlada el pasado otoño. Pese al celo de la Inspección y a que más de la mitad de los temporeros fueron inmigrantes, el número de sanciones relacionadas con este sector es insignificante. La respuesta puede estar en que sólo en el mes de septiembre la Tesorería de la Seguridad Social autorizó 192 permisos de trabajo para la recogida de la uva, principalmente a búlgaros y rumanos, lo que da idea de la normalización que se ha producido en uno de los sectores más vulnerables para los sin papeles .