El contrato de la limpieza y recogida de basura pasó de 7 a 17 millones de euros en 14 años La Junta autoriza la refinanciación de casi 60 millones de deuda Los vecinos del barrio de Cantamilanos se quejan de las antenas El acuerdo de devolver el IBI si h

La propuesta de liquidación del contrato suscrito con la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos sirvió para que la concejala de Medio Ambiente, Humildad Rodríguez Otero, trazara la evolución del compromiso contractual, que ha pasado de 7,3 millones de euros en su origen, en el año 1993, a 17 millones de euros en el 2007. La edil del grupo socialista recordó que «en el año 1997 se cambió el pago de certificación por obra a canon más IPC, sin que hubiera acuerdo de Pleno», y que en el 2001 el Ayuntamiento asumió el pago de los conceptos de antigüedad y peligrosidad a los trabajadores», lo que incrementó el coste en 1,1 millones de euros. «Hemos sido extraordinariamente solidarios con la empresa», valoró la edil, quien recordó al PP que desde el 2005, con gobiernos de Amilivia, «no se hizo revisión de costes de plantilla». La evolución deriva en que en el año 2007 la deuda llegase a 36 millones, a lo que se suma el endoso con Caja España por el cambio en la forma de pago, más el coste de la recogida de las balas de basura de Trobajo, más el primer trimestre del 2008. «En total: cerca de 60 millones de euros», cuantificó Rodríguez Otero, después de que el PP recordara la anulación del contrato del ius variandi en el 2004, época socialista y leonesista, que obliga a que ahora se deba hacer una nueva adjudicación. El Pleno dio cuenta del informe de la Consejería de Hacienda de la Junta que autoriza la refinanciación de deuda, fijada en cerca de 60 de los más de 270 millones de euros de morosidad total. La operación permitirá dar liquidez a las arcas municipales en los próximos cuatro años, según recordó el concejal responsable del área, Miguel Ángel Fernández Cardo, quien calculó que el endeudamiento crece a ritmo de 20.000 euros por día hábil, después de que el PP reclamara más tiempo para examinar el acuerdo mostrado ayer mismo antes del Pleno. Los vecinos del entorno de Cantamilanos y el barrio de la Inmaculada se manifestaron en el Pleno para reclamar que el Ayuntamiento no permita que empiece a funcionar una antena de telefonía móvil, que sería la tercera en un mismo inmueble de la carretera Asturias. La edil de Medio Ambiente explicó que «la licencia es un acto reglado» y que si la operadora cumple la ley no se la puede negar; a la vez que se prestó a reunirse con el colectivo. El alcalde subrayó que el compromiso de devolver la subida del IBI si hay sentencia en contra de la fecha de publicación está tomado en comisión, por lo que no pasará por moción en el Pleno, como pedía el PP. Una moción del Ayuntamiento para reclamar a la Junta que cree una facultad de Medicina en León puede tener la misma incidencia que la reivindicación de los carrilanos de Puerta Obispo al Banco Central Europeo para que baje los tipos de interés. Su vinculación es más semántica que práctica, pero en el Pleno de ayer los grupos políticos parecían competentes en el asunto: la UPL sacó las banderillas, pero le quedaron desprendidas; el PSOE apuntilló el texto cuando amenazaba el portavoz leonesista con echarse en tablas ante el capote popular; y el PP hizo patria con la Junta a imagen y semejanza de la cuadrilla de la Diputación, aunque la faena ocasionó que orejas y rabo salieron más gachas que en hombros. La lidia le pilló a Chamorro con morriña de hermandad. «En aras de la unanimidad, ¿la aprobáis? Venga, animaros. Vamos a creer en nosotros», intentó convencer a los populares, a los que había prometido sopesar su «matiz», pero ante los que no cedió, con Abel Pardo casi subido al escaño para evitarle las tentaciones y el alcalde presto al quite. A votar. Y cada uno votó a los suyos. El tendido aplaudió a los diestros -algunos de izquierdas- y la petición del equipo de gobierno para aprobar de urgencia varios puntos provocó el encontronazo con la oposición. Del golpe salió trastabillado el Pleno, que ahondó en la relación de desencuentro del alcalde con la portavoz del PP. «Ha tenido unos modos intolerantes e incomprensibles», denunciarían los populares tras la sesión, después de que Fernández apremiara a Guada para que formulara su pregunta en el último punto del orden del día, con aviso de cortarla el micro si seguía con la argumentación para convencer de que se debatiera la promesa de devolución del IBI si hay sentencia firme en contra. «Ruegos y preguntas no es para debatir», sentenció. «Hace falta Medicina», insistían los del leonesismo social. Pacientes parece que sobran.