La Diputación solicita una ayuda a la Junta para la educación de adultos
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha solicitado una ayuda a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León destinada a financiar programas de educación de adultos, uno de los proyectos de mayor interés por la importante labor social que desarrolla. El importe de la solicitud asciende a 390.000 euros. De los datos del último informe de Indicadores Sociales publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se extrae que, en la provincia de León, el 7,80% de la población con más de 16 de años carece de estudios básicos o son analfabetos. El mismo estudio del INE revela que las mujeres son quienes carecen de estudios en mayor proporción, un 9,04% frente al 6,54 % masculino. Labor continua Por estas razones, la Diputación Provincial viene colaborando en la tarea de educación de personas adultas en la provincia, entendiendo que la labor realizada debe continuarse y que es un gran colectivo el que se atiende en el marco de las ayudas concedidas por la Consejería de Educación, que se suman a una aportación provincial similar. Por otra parte, son muchas las entidades rurales de la provincia a las que, por falta de profesorado, no es posible llegar con la oferta formativa oficial para adultos. Esta carencia viene paliándose, en parte a través de la oferta atendida por los educadores contratados en base a esta subvención. Por todos los municipios Debido a la gran acogida que ha supuesto siempre el «Programa de Educación de Personas Adultas» a nivel provincial, se ha ido extendido a casi todos los municipios de la provincia. Los principales destinatarios, por orden de prioridad, serían la población analfabeta absoluta, especialmente la que se encuentra en edad activa; personas adultas sin formación básica, que precisen atención educativa especial para abandonar la situación de desempleo, para aprovechar con rendimiento la formación ocupacional o seguir enseñanzas regladas que permitan acceder al mundo del trabajo y otros niveles del sistema educativo; inmigrantes que requieran alfabetización en lengua castellana o procesos de integración social y personas adultas que demanden formación para el acceso a titulaciones regladas que permitan su posterior incorporación al mundo del trabajo.