Denuncian la suspensión de los dos centros rurales de formación para los profesores en León

Los procuradores socialistas suspenden la política educativa aplicada por laJuntaLos socialistas piden triplicar las plazas de Educación Infantil y avisan de una subida de losprecios Doscientas personas se manifiestan en León en contra del racismo y a fav

El PSOE espera que la Justicia anule el contenido de Ciudadanía en la Comunidad

Alfredo Villaverde, Victorina Alonso, Inmaculada Larrauir y Ángela Marqués

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Carmen Tapia - león c. tapia | león
León

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Los procuradores socialistas de León dan un suspenso generalizado a la política educativa aplicada por la Junta de Castilla y León durante el curso 2007-2008. Para Inmaculada Larrauri, Victorina Alonso, Alfredo Villaverde y Ángela Marqués, el consejero de Educación, Juan José Mateos suspende en lealtad institucional, en programas de bilingüismo, en formación de profesorado, en educación para menores de tres años, en conciliación familiar y laboral, en relaciones con el profesorado y sindicatos y en aplicación de su plan estrella de Éxito Escolar. Por todo ésto, los procuradores socialistas proponen un pacto por la educación en la que todos los sectores implicados puedan dar su opinión, «porque el Partido Popular, en soledad, ni sabe ni puede afrontar los retos de una educación de calidad en Castilla y León», concluyó Ángela Marqués. Inmaculada Larrauri denunció la falta de lealtad institucional en el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y recordó que los servicios de alta inspección educativa del Gobierno central han recurrido el decreto de Educación Primaria, «porque no incorpora contenidos que se refieren a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos». Educación para la Ciudadanía También está recurrida la materia curricular de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, «en la que no se ha garantizado su docencia a partir del próximo curso ni para formar a los profesores». Son los jueces los que tienen que decidir si la asignatura se implanta en Castilla y León tal y como la ha planteado el Partido Popular o tiene que ajustarse a los contenidos que contempla la ley, «nos podemos encontrar que a principio de curso pueda haber una situación de inestabilidad jurídica que perjudicaría al tranquilo inicio del curso». La justicia ha declarado nulos los decretos de otras comunidades del PP que, La Rioja, desarrollaron los contenidos exactamente igual que en Castilla y León, «eso se debe a una falta de previsión política, en la que se ha visto dudar al consejero entre aplicar la legalidad aprobada en el Parlamento o cumplir con los sectores más conservadores de esta comunidad que quieren imponer su moral». Para dar a conocer la gestión realizada por el PSOE en este curso, los procuradores han enviado 200 cartas a todos los centros de Primaria, Secundaria, consejos escolares, Ampas y sindicatos. Victorina Alonso dio su «suspenso grave» en materia de formación de profesorado. Denunció la supresión de la Junta de dos centros de formación del profesorado en León -en Villablino y Astorga- «que permitían a los profesores del medio rural recibir formación, además de facilitar actividades culturales. Esos profesores tienen ahora la dificultad añadida de que si quieren formarse tienen que desplazarse a León». Alonso calificó al profesorado como «la columna vertebral del sistema educativo». En la provincia hay 6.523 profesoras y profesores, de los que, según datos del PSOE, la supresión de estos centros ha afectado a 1.032. Alonso suspende también a la Junta por el carácter voluntario de implantación de los cursos de bilingüismo «esa falta de obligatoriedad permite que unos niños puedan recibir esta formación en detrimento de otros». También criticó la falta de preparación de algunos profesores para impartir sus asignaturas en inglés. Suspenso también en Eduación Infantil. Alfredo Villaverde denunció la falta de plazas para niños de 0 a 3 años y pidió a la Junta que triplique su número, «las doce escuelas de Educación Infantil de la provinica son insuficientes para León», dijo. Además avisó a los padres para que estén atentos ante una posible subida de los precios, que calculó en un 150% más, «hay un proyecto de decreto que está paralizado a raiz de una denuncia pública del PSOE, pero sospechamos que quieran aprovechar las vacaciones de verano para ponerlo en vigor y a las familias no se les ha comunidado cuando han formalizado las matrículas». También suspendió a la Junta por no tener programas de centros abiertos en agosto. Ángela Marqués anunció que el PSOE va a pedir que se cree una subcomisión para valorar el impacto de las políticas educativas tienen en el mundo rural. Criticó el modo en el que se ha implantado el plan de Éxito Escolar de la Junta que «ha puesto en pie de guerra a la comunidad educativa, profesoresy directores de centros y que ha frustrado la idea de las familias». Expuso la necesidad de reducir el número de alumnos por profesor, de reforzar los equipos psicopedagógicos y las medidas para prevenir el fracaso escolar y de articular políticas transversales,para diseñar itinerarios «atractivos». Alrededor de doscientas personas se manifestaron ayer en León para protestar por el racismo, la directiva de retorno del Parlamento Europeo, la criminalización de los inmigrantes y en defensa de los derechos humanos y de la infancia. Los manifestantes, convocados por la coordinadora antifascista de León integrada por 21 colectivos sociales, leyó un comunicado al final del recorrido, en la subdelegación del Gobierno, en el que protestaron por la existencia de un «pequeño reducto de intolerantes locales», que «junto con los más violentos ultraderechistas vallisoletanos, vuelven a programar una actividad de corte neonazi denominada Solsticio de Verano 2008». La coordinadorá surgió para protestar por las actitudes racistas de algunos colectivos y manifestaron su rechazo a las políticas contra la inmigración «que están proliferando en Europa impulsadas por Berlusconi, que intenta que se normalicen ideas parecidas a las de su compatriota Mussolinni». La plataforma denunció lo que consideran permisividad de los «organismos oficiales» ante las manifestaciones fascistas y racistas.

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